Empresarios respaldan la explotación minera responsable y sostenible, advierten que la ilegalidad está generando graves daños ambientales, sociales y de seguridad.
Un fuerte llamado de alerta lanzó el sector productivo del departamento frente al avance de la extracción ilegal de oro en el sur del Tolima, especialmente en el municipio de Ataco, donde la llegada masiva de personas vinculadas a la extracción ilícita de minerales está generando una grave afectación ambiental, social y de orden público.
De acuerdo con voceros empresariales, en un municipio de cerca de 20.000 habitantes se ha registrado la llegada de aproximadamente 5.000 personas en torno a estas actividades, lo que ha desbordado la capacidad institucional y ha intensificado problemáticas como el microtráfico, la prostitución y el deterioro de la seguridad.
La preocupación no solo radica en el impacto social, sino en el daño ambiental que ya se evidencia en la región.
Según las denuncias, la explotación ilegal está afectando de manera directa las fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos, poniendo en riesgo el equilibrio natural y la sostenibilidad del territorio.
“Lo hay que atacar la minería ilegal con toda la fuerza de la institucionalidad”, insistió Efraín Valencia, presidente Intergremial del Tolima desde el sector productivo, al tiempo que marcaron una diferencia contundente entre estas prácticas ilícitas y la explotación minera legal, la cual aseguró debe desarrollarse bajo estrictos estándares de sostenibilidad, cumplimiento normativo y responsabilidad ambiental.
Asimismo, destacó que las acciones que vienen adelantando las autoridades departamentales en articulación con la Gobernación del Tolima y los organismos de seguridad, especialmente en escenarios como los consejos de seguridad, donde se ha priorizado esta problemática.
Finalmente, reiteró Valencia que la minería ilegal no solo representa un delito ambiental, sino una amenaza directa al tejido social y económico del sur del departamento, por lo que urgieron medidas más contundentes para frenar su expansión y recuperar el control institucional en las zonas afectadas.
