El representante electo a la Cámara es investigado por delitos como peculado, falsedad ideológica y corrupción al sufragante cuando fue alcalde de San Luis.
El representante a la Cámara electo del Tolima, por el Partido Conservador, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, enfrenta una compleja situación judicial que hoy sacude el panorama político del Tolima. La Voz del Pueblo conoció que la Fiscalía adelanta varios procesos en su contra por presuntos hechos ocurridos durante su administración como alcalde de San Luis, relacionados con millonarios recursos públicos y posibles delitos electorales.
Uno de los casos más delicados tiene que ver con el presunto desvío de más de $6.000 millones que la empresa Cemex habría entregado a la Alcaldía de San Luis para ejecutar obras sociales en beneficio de las comunidades.
Según las investigaciones, solo cerca de $2.000 millones habrían ingresado oficialmente a las arcas municipales, situación que desató denuncias ciudadanas y llevó a la Fiscalía a imputar cargos por falsedad ideológica, peculado por aplicación oficial diferente, fraude a resolución judicial, hurto y encubrimiento.
A este expediente se suma otra investigación por presunta compra de votos durante las elecciones de octubre de 2023. El ente acusador sostiene que, supuestamente, recursos públicos habrían sido utilizados para favorecer políticamente a Ricardo Andrés Acosta Salas, primo de Alvira y hoy alcalde de San Luis.
Dentro del material probatorio, fuentes cercanas a esta redacción, relataron que aparecen fotografías, videos, audios y testimonios que ya reposan en manos de la Fiscalía.
La presión judicial sobre el congresista aumentó tras conocerse que fue citado el pasado 11 de marzo de 2026 a diligencia en la SIJIN del Guamo, como parte de una de las investigaciones que avanzan en su contra.
Los procesos podrían derivar en penas de cárcel e inhabilidades para ejercer cargos públicos, mientras crecen las voces que cuestionan el futuro político de una de las figuras conservadoras más visibles del departamento.
