La Corte Suprema de Justicia archivó una investigación que adelantaba contra el Senador conservador Oscar Barreto por la construcción de un colegio en Saldaña
Mientras el senador Miguel Ángel Barreto recibía un ‘mazazo’ al enterarse del llamamiento a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, su primo el también Senador Oscar Barreto, respira un poco más tranquilo al ser notificado del archivo de un proceso donde se le acusaba de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales.
El problema se originó en 2010 cuando Barreto Quiroga fungía como gobernador y ordenó la construcción de la institución educativa Roberto Leyva con capacidad para 600 alumnos en el municipio de Saldaña, tras la adecuación de un centro de eventos que fue convertido en Megacolegio. La Corte consideró que ninguno de los argumentos de los denunciantes era cierto y decidió archivar el proceso.
Incluso, el alto tribunal tuvo en cuenta una investigación de la Contraloría que en principio sanciona al exgobernador, sanción que luego reversa al encontrar que no hubo ningún detrimento patrimonial ni sobre costos.
Así las cosas, una misma familia ligada de manera estrecha a la política, vive dos realidades muy distintas, aunque para el caso del jefe del clan Barreto (Oscar) este es apenas un triunfo que deberá saborear con rapidez debido a que aún hay otros procesos en su contra amenazando cuál espada de Damocles.
Los denunciantes aseguraban que la inversión y dotación para ese colegio era insuficiente. Además, los padres de familia se quejaban de que el traslado del colegio iba a ser de la cabecera del municipio a las afueras, por lo que iba a representar mayor peligro para los estudiantes.
Según la Corte, Barreto no incurrió en irregularidades
Luego de analizar el caso, la Corte determinó que las instalaciones, el colegio fueron recibidas sin ninguna objeción por parte de la Secretaría de Educación y no se hizo ninguna obra adicional.
“En punto de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del referido colegio, estas se encontraban previstas desde los estudios previos, y tanto es así que en la entrega y recibo de la misma a satisfacción no se aludió a ningún problema de esta índole, lo cual habria implicado la celebración de un contrato adicional para resolver el punto, lo que obviamente no ocurrió”, indicó la investigación.
Asimismo, para la Corte si bien en un inicio la Contraloría consideró que había existido un detrimento patrimonial, posteriormente cambió su posición inicial, cuando la misma entró en funcionamiento, y tras constatar en forma debida el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, y la ausencia de tal afectación de recursos públicos.
