En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado realizó un acto público para pedir perdón a las víctimas y reconocer su implicación en uno de los capítulos más dolorosos de la historia política colombiana. Una confesión que sacude hasta los cimientos de la historia política y democrática en el país. En un giro sin precedentes, el Gobierno colombiano alzó la bandera de la vergüenza: admitió su papel en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente: el genocidio del Unión Patriótica (UP). El presidente Gustavo Petro Urrego, desde las costas de Santa Marta, lanzó un perdón simbólico cargado de culpa, reconocimiento y promesa de justicia.
Durante una ceremonia pública lleno de historia y memoria, pero también con datos incómodamente reveladores el Estado colombiano aceptó “ser corresponsable” de la muerte, desaparición y persecución de más de 6.000 militantes y líderes de la Unión Patriótica. La resolución fue un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya había señalado que parte de la maquinaria estatal (militares, policías, estructuras de poder) permitió o participó de los ataques.
“Los genocidios no son espontáneos… fueron acciones sistemáticas, planificadas y alimentadas por el odio y la intolerancia”, denunció la senadora Aída Avella, una de las víctimas que sobrevivieron.
¿Por qué tiene relevancia esta noticia para el país?
El reconocimiento estatal abre la caja de Pandora: Porque se derrumba la versión que sostenía que estos asesinatos fueron sólo “excesos del conflicto” o “batallas aisladas”: se acepta que hubo un exterminio político deliberado contra una fuerza de izquierda emergente. Porque pone en foco la implicación de estructuras de poder y demuestra que la impunidad ya no era sostén suficiente: la justicia internacional lo obligó a revelarse. Porque varias de las víctimas fueron congresistas, alcaldes, concejales… entre otros; la UP logró representación política y, sin embargo, fue objeto de una campaña de terror silencioso.
El discurso del presidente Petro no dejó lugar a medias tintas: “Le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político”. Y agregó con crudeza: “¿Dónde está la verdad y dónde están juzgando a los victimarios que mataron a la Unión Patriótica? Con estas palabras, Petro puso al Estado frente al espejo: su rol ya no es solo negligente, sino activamente responsable.
Lo que pasó con la UP desde su fundación en 1985 hasta su caída en manos del terror es una página que muchos prefirieron ignorar. Pero el acto de este 9 de noviembre (2025) en Santa Marta pone el foco en lo inevitable: la memoria colectiva no olvida. Y como dijo Avella: “La verdad de este crimen debe conocerse a fondo, para que nadie se atreva a negar lo innegable”.
