La Fiscalía reveló más detalles de cómo las víctimas durante cinco años fueron sometidas a tratos inhumanos. Los hechos ocurrieron en zona rural de Carmen de Apicalá.
Ante el Juzgado Séptimo de Control de Garantías de Ibagué fueron presentados tres integrantes de una misma familia, presuntamente implicados en castigos crueles e inhumanos contra una mujer y sus dos hijas menores de edad. Los hechos ocurrieron entre diciembre del año 2018 y julio de 2023 en varias fincas ubicadas en Carmen de Apicalá.
Se trata de Gladys Sabed Sánchez Becerra, de 41 años, y sus padres Ofir Cenaida Becerra
Ruíz, de 73, y Álvaro Sánchez, de 71. Los tres fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de trata de personas en la modalidad de servidumbre; tortura y uso de menores para la comisión de delitos, acceso carnal violento y acto sexual violento.
Según la investigación, durante cinco años las tres personas habrían incurrido en tratos degradantes en contra de las víctimas. Labores de policía judicial evidenciaron que la mujer era explotada laboralmente, pues, no recibía pago alguno por las labores que cumplía, los dineros que recibía por cuota alimentaria para sus hijas, de tres y cinco años, le eran retenidos.
Las tres víctimas, se presume, eran golpeadas constantemente, las obligaban a dormir en el piso y eran sumergidas en baldes con agua fría a manera de castigo por incurrir en comportamientos contrarios a los ordenados por las dos mujeres y el hombre. En otras oportunidades serían colgadas de los pies por largos periodos de tiempo u obligaban a pasar las noches sin comer. Cuando comían algo sin permiso, les daban ají.
La Fiscalía cuenta con información en la que se señala que la madre de las dos menores fue quemada con un sartén por haber cometido errores al cocinar.
También se cuenta con evidencia de que habría sido abusada sexualmente por Álvaro Sánchez; e intimidada por este con un machete o un revólver por resistirse a sus vejámenes.
Tras conocer la denuncia y avanzar en las investigaciones, la Fiscalía logró que se emitieran las respectivas órdenes de capturas, las cuales fueron materializadas por servidores del CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, en la zona donde ocurrieron los hechos.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra y fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento preventiva.
