La dirigente Liberal puso sobre la mesa varias dudas jurídica, financiera, laboral y los estudios que sustentan la decisión. La asambleísta aseguró que la gobernadora Adriana Magali Matiz estaría asumiendo un costo político por una situación acumulada por otros gobiernos.
La discusión sobre la posible venta del Hotel Ambalá continúa generando interrogantes en la Asamblea del Tolima; por ejemplo, la diputada Yulli Porras de Yepes pidió revisar con detalle la historia del inmueble, las decisiones administrativas tomadas durante las últimas dos décadas y las razones que llevaron al histórico hotel a convertirse, según sus palabras, en un bien improductivo.
Durante la primera socialización del proceso, Porras aseguró que existen varias preguntas que deben ser respondidas antes de avanzar hacia la enajenación del inmueble: si el Hotel Ambalá tiene algún reconocimiento como patrimonio cultural, qué deudas mantiene actualmente, si existen procesos judiciales o laborales pendientes y cuáles fueron los estudios que finalmente sustentaron la decisión de ponerlo en venta.
La diputada también cuestionó el deterioro que ha sufrido el edificio y sostuvo que: “Durante años se debieron explorar alternativas diferentes a la venta, entre ellas alianzas público-privadas, arrendamientos o la utilización del inmueble para oficinas administrativas; para el 2020 se presentó una propuesta para que el Hotel Ambalá pudiera ser utilizado como sede de oficinas, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio del Palacio de la Gobernación pero esta idea fue rechazada”, expresó la diputada.
Para la asambleísta, el caso refleja una ausencia de planificación a largo plazo: “Los tolimenses estamos acostumbrados a gobernar sin proyección”, señaló, al cuestionar que no se hubieran tomado decisiones oportunas para evitar que el inmueble llegara a su actual condición.
Porras también evitó atribuir exclusivamente la situación a una sola administración y señaló que se trata de un problema acumulado durante varios gobiernos. En su concepto, la actual gobernadora Adriana Magali Matiz enfrenta un costo político derivado de una situación que, según la diputada, se ha construido durante años.
Otro de los puntos que genera atención es el destino de los recursos que eventualmente se obtengan por la venta. La diputada explicó que, de concretarse la operación, los recursos no ingresarían automáticamente al presupuesto departamental, sino que sería necesario adelantar nuevamente el trámite correspondiente ante la Asamblea mediante una ordenanza.
