Las pruebas aportadas por la gobernadora Adriana Magali Matiz y que fueron entregados por la comunidad serán clave para establecer quiénes estarían detrás de estos hechos.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ante los serios indicios sobre la posible existencia de manos criminales detrás de algunos de los incendios forestales que se han registrado en el departamento.
La denuncia fue presentada en averiguación de responsables y contiene pruebas e información entregada por la comunidad, con el propósito de que las autoridades establezcan si algunos de los incendios fueron provocados y quiénes estarían detrás de estos hechos.
“Tenemos serios indicios de manos criminales en los incendios forestales que han ocurrido en el departamento. Por esa razón, el día de hoy decidí, directamente en mi calidad de gobernadora, interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en averiguación de responsables, con las pruebas pertinentes”, afirmó Matiz.
La mandataria aseguró que solicitará a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias y aplicar el rigor de la ley en caso de que las investigaciones confirmen la participación de personas o estructuras criminales en la provocación de las conflagraciones.
La decisión fue respaldada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien anunció que el Gobierno Nacional también adelantará acciones para esclarecer el origen de los incendios.
“Se van a tomar medidas para investigar, básicamente, las manos criminales que puedan estar provocando estos incendios”, señaló el funcionario.
Lara agregó que existen informaciones que serán objeto de investigación sobre una posible participación de estructuras relacionadas con la minería ilegal o grupos armados; sin embargo, enfatizó que se trata de hipótesis que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
Como parte de las medidas anunciadas, la gobernadora del Tolima también llevará al Comité de Orden Público una solicitud para ofrecer una recompensa de hasta $100 millones a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables de incendios provocados.
