Así lo aseguró el abogado Hernando Álvarez Urueña, quien representa a 24 familias de este sector, pues, al parecer, buscan desalojarlas para permitir la práctica del parapente, el cual, está prohibido por Cortolima.
El abogado Hernando Álvarez Urueña presentó una queja ante la Procuraduría contra el corregidor Fernando Guzmán, pues asegura que el funcionario busca desalojar a 24 familias cerca de la finca La Arabia, en Ambalá parte alta, para permitir la práctica de parapente en un sector donde esta actividad está prohibida por Cortolima.
Según Álvarez, en 2018 ya hubo un fallo de desalojo que no se ejecutó y cuya acción sancionatoria estaría prescrita. El abogado señaló que no ha recibido respuesta a los escritos presentados desde julio, en los que solicita ser reconocido como apoderado de las familias, además afirmó que el nuevo proceso iniciado en 2024 vulnera el principio de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
“Es un caso realmente de corrupción, lo quiero tildar de una vez así. Es un acto mediante el cual, un corregidor a sabiendas de que ya había habido en el año 2018 un fallo del corregidor de Dantas Laureles, en el cual, ordenaba el desalojo de todas estas familias. Ese hecho no se registró nunca de haberse hecho el desalojo, por cuanto esas familias, a las cuales, yo represento con poder a todas ellas, a 24 para ser precisos, establecieron que iban a ser unos guardabosques, unos cuidadores de la flora y de la fauna”, precisó el abogado.
Añadió el abogado, “entonces, desde ese momento ellos han hecho todo lo posible porque para gente que está prohibido por Cortolima, como lo dije inicialmente, no se establezca ya y no se lance desde ese punto y eso ha hecho que ese poder económico que puede tener el parapente, haya llegado a la corrupción tal que el Corregidor de Policía de El Salado, Fernando Guzmán, a sabiendas de que había un proceso que ya había sido fallado y que por el transcurso del tiempo ya estaba ya está prescrito y caduca la acción sancionatoria del Estado”.
Precisó que el Estado no puede sancionar algo que no fue capaz de hacer en su debido momento porque entre otras cosas ellos crearon una asociación que se llama Arabia y esa asociación se presentó como guardabosques y en ese momento la Alcaldía le pareció que era correcto que ellos hicieran esa acción.
“Ahora pretende el señor corregidor, iniciar otro proceso, ya lo inició en el año 2024 hacia el año pasado y pretende fallar expulsando a las familias, pero va a empezar con el con la familia que está ubicada en el plano del parapente, para que los del parapentismo se a se apoderen de ese sector y empiecen a explotarlo económicamente”, dijo Álvarez Urueña.
Aseguró que, “eso me parece un acto de corrupción porque en Colombia nadie puede ser juzgado y condenado dos veces por el mismo hecho. Y en este caso, si ya fue sancionado por un por un corregidor en el 2018, pues no puede en el 2024 por los mismos hechos, con las mismas personas, proceder a iniciar un nuevo proceso, porque lo que el corregidor está haciendo es violando la Constitución”.
Pues en la ley colombiana existe el non bis in idem, qué significa que nadie puede ser juzgado y condenado, dos veces por el mismo hecho y desde el 17 de julio presentó un escrito al corregidor pidiendo que lo aceptara como abogado, le diera personería y pudiera ingresar al proceso y hoy, dos meses después, según el profesional del derecho, no ha hecho absolutamente nada.
“Sí pretendió seguir adelante y pretende seguir adelante para hacer la expulsión o el desalojo primero de Ferney Muñoz y después del resto de las familias. Luego me vi obligado a colocar una denuncia en la Procuraduría en la cual solicito que haya una suspensión provisional de este funcionario que lo tildo de corrupto de una vez, porque lo único que él busca es favorecer al al poderoso empresario el para el que quieren montar un negocio en ese sitio y trata de ignorar que él no puede hacer eso porque ya hubo un fallo anterior que nunca se ejecutó y que ya se le advirtió a él y ese es escrito que le presenté nunca me lo ha contestado y sí pretende expulsar a toda la familia”, refirió el abogado.
Aseveró que se vio obligado a interponer la denuncia ante la Procuraduría, la Alcaldesa, el Secretario de Gobierno, Director de Justicia, para que no se cometa ese error como pronto, por la falta de defensa.
Aseguró que, “ante una situación de esta, de un corregidor que prefiere que los del negocio del parapente que quieren montar un sitio, donde la gente vaya, coma, se bote en parapente, donde lleguen en carro, donde lleguen ciclistas, porque es una vereda, donde hay muchas personas que van en bicicleta. Entonces, ante esa situación de que se quiere favorecer a un empresario, seguramente, y el corregidor desconocer los derechos de las personas, eso se llama corrupción”.
Añadió Álvarez Urueña: “En Colombia hay gente que estamos dispuestos, a que si tenemos que acudir a emisoras o a personas como usted que no solamente es periodista, sino que también tiene abogado y es abogado, pues tenemos que hacerlo porque en el caso mío no voy a permitir y lo digo públicamente y lo digo con la conciencia del abogado que conoce lo que está haciendo el derecho policial, no voy a permitir que ese funcionario corrupto.
