Entre los cargos están: invasión a la quebrada San Antonio, disposición inadecuada de escombros y destrucción de talas de árboles nativos.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, abrió un proceso sancionatorio ambiental contra el Municipio de Ibagué por hechos que, según la autoridad ambiental, se habrían registrado durante la intervención de la vía que comunica a las veredas Ambalá y Calambeo.
La decisión quedó consignada en la Resolución No. 5307 de 2026, documento en el que se inicia formalmente el proceso para establecer las responsabilidades correspondientes por las presuntas afectaciones ambientales.
Uno de los hechos investigados está relacionado con la intervención de la zona protectora de un drenaje natural, afluente de la quebrada San Antonio. De acuerdo con el documento, en el sector se habría utilizado material proveniente de la ampliación de la banca, afectando dicha zona.
La autoridad ambiental también investiga la disposición presuntamente inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD). Cortolima señala que fueron identificados cuatro puntos donde estos materiales habrían sido depositados sobre los taludes de la vía, situación que, debido a la pronunciada pendiente, habría provocado su desplazamiento por la ladera.
El tercer hecho está relacionado con la afectación de dos árboles nativos durante las labores realizadas con maquinaria amarilla.
Según la información consignada en el proceso, se trataría de un yarumo de aproximadamente cinco metros de altura y un balso de seis metros, que habrían quedado volcados.
Las situaciones fueron identificadas en la vía Ambalá – Calambeo, en jurisdicción de Ibagué, y son ahora materia de investigación por parte de Cortolima.
El proceso fue abierto contra el Municipio de Ibagué, cuya máxima autoridad es la alcaldesa Johana Ximena Aranda. Sin embargo, la apertura del proceso sancionatorio no significa que exista una sanción definitiva ni que se haya establecido responsabilidad administrativa, pues la administración municipal tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar las explicaciones y pruebas correspondientes.
