Gracias a una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado ratificó las medidas para proteger la quebrada El Tejar, afectada por contaminación y manejo inadecuado de residuos de construcción y vertimientos.
La decisión ordenó a Cortolima fortalecer el seguimiento y control ambiental, y dispuso que el municipio de Ibagué y la Edat elaboren el proyecto técnico de alcantarillado para el barrio Potosí. También estableció medidas de recuperación ambiental a cargo de Asomitech.
En segunda instancia, el alto tribunal excluyó al IBAL de las órdenes de amparo por falta de elementos concluyentes que permitieran atribuirle responsabilidad y confirmó las demás medidas de protección de los derechos colectivos.
