El Consejo de Estado ha decidido admitir una tutela presentada por María Cristina Cuéllar, una ciudadana del municipio de Calima, Valle del Cauca, que impugna la práctica de transmitir los consejos de ministros en televisión. En su demanda, Cuéllar argumenta que estas transmisiones, que se emiten simultáneamente en horarios de alta audiencia por canales privados, están infringiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos a acceder a la información y a elegir su medio de comunicación preferido.
La acción judicial ha sido elevada al Consejo de Estado por razones de competencia, y el alto tribunal ha tomado la decisión de incluir como terceros interesados a los canales Caracol Televisión, Canal RCN y Canal UNO. Estos canales se han visto afectados en su programación y en la oferta de noticieros debido a la superposición de la transmisión de los consejos de ministros.
El Consejo de Estado ha solicitado a los mencionados canales que presenten su respuesta a las alegaciones de Cuéllar, y ha otorgado a la Presidencia de la República un plazo de dos días para que emita su intervención sobre los argumentos presentados. La decisión del tribunal podría sentar un precedente importante sobre la regulación de la transmisión de eventos gubernamentales en medios masivos y la protección de los derechos de los ciudadanos a elegir su fuente de información.
