Esta persona deberá cumplir la sentencia ordenada en su contra por medio de preacuerdo con las autoridades.
El material de prueba recaudado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de conocimiento condenara mediante preacuerdo a 6 años de prisión al exalcalde de Alvarado (Tolima), Yesid Fernando Torres Ramos, por su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la contratación del municipio.
Asimismo, fueron condenados el ex jefe de la oficina de planeación e infraestructura de la alcaldía, Carlos Fernando Cortés Ayala a 5 años de prisión, y Luis Enrique Corral Guzmán, quien fungía como jefe de servicios públicos para la época de los hechos, a una pena de 4 años.
Estas personas fueron sentenciadas de acuerdo con su nivel de responsabilidad por delitos como contrato sin cumplimiento, requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.
Los hechos motivo de esta decisión judicial ocurrieron entre mayo y septiembre del año 2014, cuando Torres Ramos tramitó y suscribió sin observancia de los requisitos legales, 12 contratos de prestación de servicios para contratar personal para el mejoramiento de seis viviendas urbanas dentro del programa Bloquera Solidaria del Municipio de Alvarado.
Dichos contratos fueron suscritos con un tercero que, según las actividades investigativas, nunca presentó una propuesta, ni los celebró. Su firma fue falsificada en todos los documentos contractuales y en los endosos de los cheques expedidos a su nombre.
Se logró demostrar que el exalcalde suscribió falsamente actas de inicio, adición, liquidación y otra documentación contractual, indicando que se había reunido con el contratista, hecho que nunca sucedió.
De igual manera, se apropió en provecho suyo y de terceros de parte de los dineros de los contratos por más de 6.000.000 de pesos.
Los otros exfuncionarios, entretanto, suscribieron actas de evaluación, de inicio y liquidación, y otros documentos, con conocimiento de las inconsistencias que existían con el contratista.
Esta decisión, en primera instancia, está sujeta a recurso de segunda instancia ante el Tribunal Superior de Ibagué.
