La exfuncionaria habría hecho caso omiso ante los abusos y maltratos que llevaron a la muerte de la menor.
Por decisión de un juzgado del municipio del Líbano, Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, ex comisaría de familia de Armero Guayabal, deberá cumplir una pena de 64 meses de cárcel por los delitos de prevaricato por acción en concurso con prevaricato por omisión, así mismo podrá cumplir su condena en su residencia de acuerdo al fallo judicial.
De acuerdo a la investigación adelantada por un representante de la Fiscalía seccional Tolima, la condenada en su condición de funcionaria pública incurrió en varias irregularidades al momento de proteger los derechos de Sarita Salazar, esto cuando la menor fue entregada por su progenitora ante la incapacidad de poder garantizar su bienestar.
Según lo determinado dentro de la investigación, García Rodríguez, antes de haber entregado a la menor de tres años a sus padrinos, debió tener en cuenta otros mecanismos y líneas de acción que permitieran proteger correctamente a la pequeña, situación que se vio agravada al omitir con sus actuaciones los distintos maltratos que se hicieron evidentes en el cuerpo de la víctima al poco tiempo de estar al cuidado de sus padrinos.
En la sentencia de 5 años y 4 meses de privación de la libertad, también se ordena la inhabilidad para el ejercicio de cargos y funciones públicas por parte de esta mujer por el mismo periodo de la sentencia.
MUERTE DE SARITA SALAZAR
Sara Ayolina Salazar Palacios, de 3 años de edad, falleció el 22 de abril del 2017 en estado de abandono en el hospital Federico Lleras Acosta del barrio la Francia en Ibagué, luego de llegar procedente del municipio de Armero Guayabal en delicado estado de salud.
La menor falleció, según reporte de medicina legal, por trauma craneoencefálico, síndrome de zarandeo y de igual forma en su cuerpo se registraban diversas lesiones en su piel, huesos y genitales, tales como la ausencia del tabique nasal, ausencia de cabello por lesiones, lesiones a nivel genital y amputación de la falange del tercer dedo de la mano izquierda.
Ángela Johana Guerra Urueña, fue condenada a una pena de 39 años y 8 meses de prisión por delitos de tortura agravada y homicidio agravado, así como 13 años de cárcel a Edilberto Rojas Torres por el delito de tortura agravada en su condición de garante.
