En una reciente investigación sobre la trágica masacre de la familia Lora Rincón, ocurrida el 29 de diciembre de 2024 en Aguachica, Cesar, las autoridades han descubierto que Ángela Lora, hija mayor de la familia, recibió múltiples amenazas desde un centro penitenciario, meses antes del ataque. Este hecho ha generado un gran revuelo en el país, ya que la familia de pastores fue asesinada en un restaurante, marcando la masacre número 76 del año.
Las indagaciones revelaron que las amenazas a Ángela provinieron de una cárcel de Boyacá, donde delincuentes utilizaron una sim card vinculada a actividades ilícitas. Según el personero de Aguachica, Nilson Hernández, Ángela se mostró preocupada por estas amenazas, que comenzaron en agosto y se intensificaron en noviembre, justo antes del fatal desenlace.
La investigación avanza con la recuperación de la motocicleta utilizada en el atentado y la identificación de huellas dactilares de los presuntos implicados. Asimismo, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a su captura. Las autoridades también están explorando posibles vínculos entre la masacre y el reciente asesinato de Alexander González, un narcotraficante local y pareja de la prestamista relacionada con el caso.
¿Qué más se conoce del caso?
Según se dio a conocer en el medio nacional El Tiempo, una prestamista local, quien es Zaida Andrea Sánchez Polanco, fue a declarar en la estación de Policía tras lo sucedido y aunque sus declaraciones se mantienen reservadas, la investigación de las autoridades indicaron que los sicarios al parecer confundieron a Ángela con Zaida por su vestimenta parecida el día de los hechos.
Sin embargo, recientemente, dieron a conocer que la misma Ángela habría recibido una serie de llamadas extorsivas desde un centro carcelario de Boyacá antes mencionado, en donde la amenazaron en repetidas ocasiones, por lo que buscan establecer si hay relación con el atentado o si en verdad se trató de una confusión.
Las extorsiones
Con esta información, los investigadores no descartan que toda la familia haya sido víctima de extorsiones y hasta de seguimientos a sus labores con la iglesia Príncipe de Paz, parte del Concilio Iglesias Bíblicas Misioneras. Las autoridades pudieron establecer que dichas llamadas extorsivas provenían de una sim card de un lote usado por delincuentes que se encuentran en la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá.
Anteriormente, Nilson Hernández, personero de Aguachica y primo de las víctimas, aseguró que Ángela recibió dichas llamadas hace aproximadamente tres meses y que de ahí en adelante comenzó a temer por su vida. “Ella me llamó a decirme que la estaban llamando de cierto número telefónico y me manifestó que estaba recibiendo una llamada como amenazante, que tenía miedo, pero no tengo conocimiento de lo que le estaban diciendo”, dijo Hernández en un medio radial.
El personero le habría pedido calma a Ángela por lo que estaba pasando, sin embargo, ella le aseguró que el hombre que llamaba contaba con datos de todos los miembros de su familia y particularmente de un emprendimiento de publicidad que ella tenía. Al parecer se trataba de un negocio de venta de camisetas con mensajes cristianos estampados, por lo que, según las autoridades, los delincuentes habrían podido conseguir la información por medio del registro del negocio en la Cámara de Comercio.
Aunque también dieron a conocer que nunca se denunciaron dichas amenazas, las autoridades buscan establecer si en los celulares de las víctimas hay alguna información relacionada con estos delincuentes que llamaron desde la cárcel y si tiene que ver al igual con el ataque armado.
Al final, las investigaciones detallaron que las llamadas amenazantes comenzaron en agosto de 2024 y se intensificaron en noviembre, hasta la masacre ocurrida el pasado 29 de diciembre.
