Una nueva resolución, aún pendiente de firma por parte del ministro de Transporte, William Camargo, se ha dado a conocer en relación con el incremento de tarifas de peajes en Colombia. Este proyecto busca regularizar y ajustar los precios de los peajes, los cuales fueron congelados a raíz del Decreto 0050 de 2023, una medida adoptada por el Gobierno para contrarrestar los efectos inflacionarios que caracterizaron el cierre del año 2022.
El aumento de las tarifas de peaje se perfila para comenzar el próximo 1 de diciembre, en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2022, el cual cerró en un 13,12%. No obstante, el proyecto de resolución establece que durante el transcurso de 2023, no se ejecutará el incremento contractual en las estaciones de peaje, correspondiente a los contratos de concesión y Asociaciones Público-Privadas a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Este ajuste deberá ser definido a más tardar el 15 de diciembre de 2023.
Posteriormente, las tarifas experimentarían un aumento proporcional al incremento del IPC del año 2023 a partir del 16 de enero de 2024, especialmente en aquellas concesiones y Asociaciones Público-Privadas que se vieron afectadas por el congelamiento. La ANI tiene como fecha límite el 1 de julio de 2024 para finalizar el proceso de normalización del esquema tarifario estimado para ese momento.
Este intento de regularización de tarifas no ha estado exento de críticas y preocupaciones. La Cámara Colombiana de la Infraestructura ha advertido que, de no llevarse a cabo el aumento, el Gobierno se verá en la obligación de utilizar recursos del Presupuesto General de la Nación para compensar a las concesionarias. Esta acción podría afectar los recursos destinados a áreas sensibles como la salud y la educación.
En este contexto, la firma del ministro de Transporte, William Camargo, es aguardada para oficializar este ajuste en las tarifas de peajes, una medida que busca estabilizar costos, pero que ha generado inquietudes sobre sus potenciales repercusiones en el bolsillo de los conductores y en la distribución de los recursos del Estado en áreas cruciales para el bienestar social.
