Mientras el panfleto habla de presuntas irregularidades y declara como “objetivo militar” a personal del penal, la Fiscalía y el Inpec ya iniciaron las investigaciones.
Un panfleto fechado el 30 de julio de 2026, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, desató preocupación en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué, luego de contener amenazas contra varios funcionarios del Inpec y mencionar presuntas irregularidades al interior del penal.
En el documento, atribuido por sus autores al grupo MAGO, se mencionan por nombre a la directora Mónica Pórtela, así como a las funcionarias Adriana Santos, Lina Ortegón y Leidy Acosta. El escrito las señala, sin aportar pruebas verificadas, de supuestas irregularidades relacionadas con traslados de personas privadas de la libertad, presuntos actos de corrupción y el supuesto control de algunos patios de la cárcel.
Además, el panfleto hace referencia a un interno conocido con el alias de “Mateo”, a quien vincula con la presunta compra del control de algunos patios del establecimiento. También asegura que un supuesto operativo realizado en el patio 31 habría sido utilizado como excusa para trasladar internos y favorecer dichos intereses. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades.
La parte más delicada del documento corresponde a las amenazas directas contra el personal penitenciario. En el texto se advierte que procederían contra funcionarios del Inpec, a quienes califican como “objetivo militar”, y se asegura que no cesarán las hostilidades mientras no se adopten determinadas decisiones dentro del establecimiento. Incluso, el panfleto finaliza con una amenaza explícita contra los guardianes del centro penitenciario.
Frente a esta situación, el vocero del Inpec en Tolima, Alejandro Durán, confirmó que las directivas del establecimiento presentarán la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá determinar la autenticidad y el origen del panfleto.
Durán explicó que la preocupación es mayor porque las amenazas no solo recaen sobre los funcionarios mencionados en el documento, sino que podrían extenderse a los más de 600 servidores que laboran en el complejo carcelario.
Asimismo, informó que el Inpec abrirá una investigación interna para verificar las denuncias contenidas en el panfleto y establecer si tienen algún sustento o si hacen parte de una estrategia de intimidación.
El vocero también advirtió que el momento de mayor riesgo para los funcionarios es el ingreso y la salida del establecimiento, por lo que hizo un llamado urgente a fortalecer las medidas de seguridad y brindar protección al personal mientras avanzan las investigaciones.
