El convenio, desarrollado junto con la corporación Masbosques, contempla acciones orientadas a la conservación de ecosistemas y recursos hídricos en el municipio.
El proyecto de Pagos por Servicios Ambientales, PSA, de la Administración Municipal avanza con paso firme en las zonas rurales de Ibagué, reconociendo la labor de quienes protegen los bosques y las fuentes hídricas de la Capital Musical. Con la vinculación de nuevos aliados, la iniciativa suma una inversión superior a los $160 millones, reafirmando el papel fundamental de estos actores en la conservación de los ecosistemas estratégicos del municipio.
Es así como se consolida la vinculación oficial de cinco colectivos, organizaciones clave que actúan como guardianes del patrimonio hídrico local: la Fundación Equipo Scout de Emergencia Región Tolima, la Fundación Unión Somos Todos, la Asociación de Acueductos Comunitarios Asociados de Ibagué (ACADIT), la Corporación Creando Tejido Social (CTS) y Terma Parapente Ibagué.
“Logramos articular unas acciones específicas en territorio, que van en pro de mejorar las fuentes hídricas. Se va a impactar río Chipalo, Hato de la Virgen, la quebrada El Tejar, entre otros”, señaló Humberto Leal, director de Ambiente, Agua y Cambio Climático.
La iniciativa, que se ha venido ejecutando con éxito, distingue dos enfoques operativos, mientras que los colectivos concentran su labor en la restauración de suelos, ecosistemas estratégicos y acciones ambientales. Las familias campesinas actúan como aliados en la conservación de los bosques, garantizando el suministro de agua para los ibaguereños.
“La firma de estos acuerdos representa un hito fundamental para nuestra estrategia de Pagos por Servicios Ambientales, pues materializa el compromiso conjunto entre la Alcaldía de Ibagué y la corporación Masbosques, para proteger nuestro patrimonio natural. Este proceso valida la capacidad operativa para asegurar el abastecimiento de agua en la ciudad”, mencionó Germán Trujillo, coordinador del proyecto PSA.
Con el PSA, se ha logrado superar la meta al pasar de cuatro a cinco colectivos vinculados, mientras que la cobertura de familias beneficiarias aumentó de 66 a 83, garantizando una gestión transparente y asegurando que los recursos lleguen directamente a quienes cumplen una labor ejemplar de preservación.
