El abogado Darío Cabrera explicó que el mandatario podría responder en los ámbitos penal, disciplinario, fiscal y ambiental, tras el cuestionado uso de un vehículo de bomberos y recurso hídrico durante las fiestas municipales, en medio de la emergencia por incendios forestales que atraviesa el Tolima.
El uso del carro de bomberos durante las festividades de Coello, mientras el Tolima enfrenta una grave emergencia por incendios forestales, podría abrir la puerta a investigaciones en cuatro frentes. Así lo explicó el abogado Darío Cabrera, quien advirtió que la situación deberá ser analizada por distintas autoridades y bajo diferentes tipos de responsabilidad.
En el ámbito penal, Cabrera señaló que la Fiscalía General de la Nación podría investigar un eventual peculado por uso o por aplicación oficial diferente, siempre que se logre demostrar que existió una conducta dolosa por parte del funcionario.
“En una investigación penal el funcionario público tiene que responder por un posible peculado por uso o peculado por aplicación oficial diferente sobre la base de un comportamiento doloso”, explicó el abogado.
El segundo frente sería el disciplinario, que estaría en manos de la Procuraduría General de la Nación, en caso de establecerse una posible falta relacionada con el manejo de los recursos públicos y las funciones del mandatario.
A esto se suma un eventual proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría, si se demuestra un detrimento patrimonial relacionado con el combustible, el desgaste del vehículo de emergencia o el uso del recurso hídrico.
Finalmente, Cabrera señaló que también podría existir un proceso administrativo sancionatorio ambiental por parte de Cortolima, debido a un posible incumplimiento de las disposiciones que priorizan el agua para consumo humano.
No obstante, el jurista fue enfático en diferenciar el reproche ciudadano y político de las responsabilidades jurídicas. Aseguró que, por ahora, no encuentra una relación directa entre este hecho y una eventual inhabilidad política del alcalde.
“Una cosa es el reproche moral y otra el político”, sostuvo Cabrera, al tiempo que reconoció como legítima la indignación ciudadana frente al uso de una máquina de emergencia en medio de la crisis ambiental que golpea al departamento.
