Un contundente llamado a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa hizo la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, al advertir que los operativos contra la minería ilegal en Ataco deben tener continuidad.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, denunció que las personas vinculadas a la minería ilegal en Ataco estarían utilizando nuevas estrategias para evadir los controles de las autoridades.
Según la mandataria, luego de los operativos de recuperación de las riberas de los ríos Saldaña y Atá, estarían arrendando predios privados para instalar cambuches y ubicar maquinaria amarilla, dificultando las acciones de desalojo y destrucción de estos elementos.
La advertencia fue realizada durante un pronunciamiento ante la comisión quinta del Senado, tras invitación del congresista tolimese Miguel Ángel Barreto, donde Matiz pidió al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública no abandonar el sur del Tolima y garantizar la continuidad de las operaciones contra la explotación ilegal de oro.
La mandataria recordó que en el reciente operativo fueron desalojadas cerca de mil personas, en una intervención que, según destacó, se desarrolló respetando los derechos humanos. Sin embargo, insistió en que recuperar el territorio no es suficiente si posteriormente se retira la presencia institucional y las actividades ilegales vuelven a instalarse.
“Si intervenimos hoy, si recuperamos el espacio como lo hicimos con esa operación con tanto esfuerzo y mañana nos retiramos nosotros, sin garantizar la presencia, la vigilancia y el seguimiento, créame que hemos perdido tiempo”, advirtió Matiz.
Asimismo, reveló que la situación de orden público está generando temor entre los funcionarios que realizan controles en el territorio. Incluso señaló que agentes de tránsito han manifestado preocupación por posibles ataques con drones, una situación que, a su juicio, demuestra la necesidad de mantener el acompañamiento permanente de la Fuerza Pública.
La gobernadora también aprovechó el escenario para solicitar al Congreso de la República una reforma a la legislación minera colombiana, con el propósito de cerrar los espacios que aprovechan las economías ilegales, fortalecer la trazabilidad del oro y establecer controles efectivos sobre la maquinaria, los combustibles y los insumos utilizados en la explotación criminal.
