Un contrato de arrendamiento por 54.930 dólares, destinado al funcionamiento de una oficina consular colombiana en Tijuana, México, está generando cuestionamientos sobre la planeación y el manejo de los recursos públicos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con la información conocida, el Estado colombiano habría asumido compromisos económicos por el alquiler de un inmueble que finalmente no habría entrado en funcionamiento como sede consular ni habría prestado servicios de atención a los connacionales residentes en esta zona mexicana.
El contrato habría sido suscrito por Maryory Pabón, quien se desempeñaba como cónsul en ese momento. Sin embargo, los cuestionamientos señalan que, al momento de establecer el compromiso contractual, todavía no estarían completos los permisos y la disponibilidad presupuestal necesarios para poner en operación la oficina.
La situación ha despertado interrogantes sobre los procedimientos administrativos que se adelantaron para contratar el inmueble, las autorizaciones requeridas y las razones por las cuales se habría comprometido una suma de dinero sin que la sede cumpliera con el propósito para el que fue arrendada.
El caso también plantea preguntas sobre los controles internos de la Cancillería y las eventuales responsabilidades administrativas o fiscales que podrían derivarse de esta contratación, aspectos que deberán ser establecidos por las autoridades competentes.
Por ahora, se espera un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que permita conocer las condiciones en las que se celebró el contrato, el destino de los recursos comprometidos y las medidas adoptadas frente a la falta de funcionamiento de la oficina en Tijuana.
