La preocupación aumenta entre los servidores judiciales por las condiciones de varias edificaciones afectadas tras los recientes sismos, especialmente en el circuito de Chaparral y el Palacio de Justicia de Ibagué. ASONAL Judicial confirmó que la Rama Judicial autorizó el trabajo en casa, mientras espera que la Fiscalía adopte una decisión similar.
Una fuerte denuncia lanzó ASONAL Judicial por las condiciones estructurales de varias sedes de la Rama Judicial en el Tolima, luego de los recientes movimientos sísmicos registrados en el departamento. Kirov, representante de la organización sindical, advirtió que existen fracturas y daños que requieren evaluaciones especializadas, mientras los empleados continúan asistiendo presencialmente a sus puestos de trabajo.
La mayor preocupación está en el Palacio de Justicia de Ibagué, donde, según el sindicato, se han evidenciado afectaciones que deben ser examinadas por expertos en patología estructural. El representante cuestionó al director de Administración Judicial, Edwin Riaño, por la falta de recursos para contratar estos estudios, pese a las reiteradas solicitudes realizadas.
“Están jugando con la vida de los trabajadores. A uno no le pueden enviar a trabajar a un lugar donde no existe la certeza de que verdaderamente no se corre un riesgo”, manifestó Kirov, al advertir que una eventual falla estructural podría desencadenar una tragedia.
El dirigente sindical también señaló que en el circuito judicial de Chaparral se registraron mayores daños, con nuevas fracturas en mampostería y estructuras. A esto se suman las alertas sobre otras dependencias, como Infancia y Adolescencia, donde los trabajadores habrían reportado afectaciones mediante videos.
Ante este panorama, ASONAL Judicial confirmó que interpuso una acción de tutela para exigir las garantías de seguridad y la realización de los estudios técnicos correspondientes. Asimismo, pidió a la Rama Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Administrativo y Medicina Legal autorizar el trabajo en casa mientras se determina si las instalaciones ofrecen condiciones seguras.
“La vida de todos vale lo mismo, tanto la de un funcionario como la de un trabajador”, enfatizó el representante, quien cuestionó que algunos empleados sigan expuestos a posibles riesgos mientras esperan decisiones de las autoridades judiciales.
