Un disparo en la cabeza estuvo a punto de acabar con la vida de Rogger Stiven González Zapata. Ahora, dos procesados aceptaron su responsabilidad y el juzgado aprobó un preacuerdo que establece 13 años de prisión para cada uno. La sentencia se conocerá el 18 de noviembre.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué aprobó el preacuerdo que establece una pena de 13 años de prisión para cada uno de los dos procesados por el violento ataque ocurrido en el barrio Las Delicias, en la capital tolimense.
Los señalados son Yohan Ferney Simbaqueba Ñañez y Manuel Iván Lozano Vega, quienes aceptaron su responsabilidad mediante una negociación con la Fiscalía por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado. La sentencia definitiva se conocerá el próximo 18 de noviembre de 2026.
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Los hechos se remontan al 9 de junio de 2026, aproximadamente a las 10:40 de la mañana. Según lo consignado en el preacuerdo, los procesados llegaron en un vehículo a una vivienda del barrio Las Delicias, acompañados de otros dos hombres que todavía no han sido identificados.
De acuerdo con la investigación, Simbaqueba Ñañez y uno de sus acompañantes ingresaron al inmueble utilizando gorras y tapabocas para dificultar su identificación. Una vez dentro, habrían exigido dinero a Rogger Stiven González Zapata y, mediante amenazas con armas de fuego, lo obligaron a permanecer de rodillas.
En medio de la intimidación, la víctima recibió un disparo en la cabeza que puso en grave riesgo su vida. Su supervivencia fue posible gracias a la atención médica que recibió tras el ataque.
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Además de aceptar su responsabilidad, los dos procesados se comprometieron a colaborar con la justicia y entregaron información a la Fiscalía mediante interrogatorios. Las autoridades esperan que estos aportes permitan identificar y ubicar a los otros presuntos participantes en el ataque.
Sin embargo, el caso todavía tiene un capítulo por resolver. La defensa solicitó que uno de los procesados pueda cumplir la condena en territorio indígena, petición a la que se oponen las víctimas, quienes solicitan que la pena se ejecute en un establecimiento carcelario.
La decisión sobre este punto se conocerá durante la audiencia de lectura de sentencia, programada para el 18 de noviembre.
Por ahora, la aprobación del preacuerdo representa un avance judicial, pero la definición del lugar de cumplimiento de la pena y la identificación de los demás involucrados siguen pendientes.
