Los recientes hechos que han dejado personas afectadas en el departamento encendieron las alertas del Ministerio Público, es por ello que se pide fortalecer los procedimientos para atender siniestros viales, particularmente aquellos que puedan tener implicaciones penales.
La Procuraduría General de la Nación requirió a los alcaldes municipales y al secretario de Tránsito y Transporte del Tolima para que garanticen el adecuado ejercicio de las funciones de policía judicial por parte de las autoridades de tránsito en la atención de siniestros viales.
El requerimiento preventivo responde a dificultades advertidas en algunos municipios para garantizar la intervención oportuna de personal habilitado cuando un accidente de tránsito pueda constituir una infracción penal.
La Entidad destacó que las primeras actuaciones en el lugar de un siniestro pueden ser determinantes para conservar los elementos materiales probatorios, garantizar su cadena de custodia y contribuir al esclarecimiento de los hechos, y recordó que las autoridades de tránsito ejercen funciones permanentes de policía judicial dentro de sus competencias y deben contar con personal disponible y preparado para atender estos casos, especialmente cuando existen personas lesionadas o fallecidas.
El Ministerio Público solicitó a las administraciones municipales informar los protocolos de atención, las capacitaciones realizadas y los mecanismos de coordinación existentes, así como las medidas que adoptarán en caso de no contar con capacidad suficiente para prevenir riesgos y proteger los derechos de las víctimas y sus familias.
