Según la denunica el proyecto petrolero Drago 1E estaría avanzando sin garantías para las comunidades ancestrales y bajo una licencia ambiental que califican como “obsoleta”.
Las comunidades indígenas asentadas en Purificación, Tolima, alzaron nuevamente su voz de protesta contra la empresa HOCOL, asegurando que el proyecto petrolero Drago 1E estaría avanzando sin garantías para las comunidades ancestrales y bajo una licencia ambiental que califican como “obsoleta”.
Carolina Alape, gobernadora indígena del resguardo de Purificación, denunció en La Voz del Pueblo que desde hace cuatro meses mantienen una minga permanente para exigir respeto por sus derechos, la protección del territorio y la realización de consulta previa, contemplada en el Convenio 169 de la OIT y ratificada en Colombia mediante la Ley 21.
Según explicó la líder indígena, la inconformidad surgió porque anteriormente la empresa habría reconocido la presencia de comunidades indígenas durante otro proyecto, pero en esta nueva intervención aseguran que fueron excluidos de los procesos de participación.
Además, afirmó que durante el desarrollo del proyecto se habrían encontrado hallazgos arqueológicos y sitios sagrados indígenas, algunos de ellos de la época colonial, situación que ya fue documentada por el ICANH.
Sin embargo, denuncian que hasta el momento no existe una respuesta definitiva por parte de la Dirección Nacional de Consulta Previa sobre si el proyecto debe o no someterse a consulta con las comunidades.
La situación se tornó aún más delicada luego de que, según los denunciantes, se activara un PMU con la intención de desalojar la minga instalada en el territorio.
“Nos queda un sinsabor porque sentimos que las entidades protegen más a las empresas que a las comunidades indígenas. Han vulnerado nuestros derechos y hoy queremos que nos escuchen”, manifestó Alape.
La gobernadora también denunció hechos de violencia ocurridos el pasado 16 de enero, cuando, según su versión, fueron quemadas carpas de la minga, hurtados elementos de la comunidad y realizados disparos cerca del campamento indígena.
“Nos tuvieron retenidos más de cinco horas y hubo disparos alrededor de la minga. Hoy hay personas desplazadas y amenazas constantes”, aseguró.
Incluso, afirmó que ella y otro líder indígena recibieron amenazas directas y un plazo de 72 horas para abandonar el territorio. Estas denuncias, indicó, ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía y otras entidades competentes.
Las comunidades también alertaron por presuntas afectaciones ambientales derivadas del proyecto petrolero. Entre ellas mencionan la disminución del caudal de un río considerado sagrado, el secamiento de quebradas y la pérdida de más de 10 hectáreas de bosque.
Ante este panorama, esperan que la reunión programada con la ANLA permita revisar las licencias ambientales y determinar posibles impactos sobre las fuentes hídricas y ecosistemas del sector.
Finalmente, la autoridad ancestral insistió en que las comunidades indígenas deben ser incluidas en las visitas técnicas y procesos de evaluación ambiental, argumentando que son ellas quienes conocen el territorio, los sitios sagrados y las afectaciones que, según denuncian, se están registrando actualmente en Purificación.
