Autoridades revelaron que hay también explotación infantil, prostitución y microtráfico.
La minería ilegal en el sur del Tolima ya no solo representa una amenaza ambiental, sino una crisis social, económica y de seguridad que golpea con fuerza al municipio de Ataco y sectores de Chaparral.
Las autoridades advirtieron que esta actividad ilícita ha traído consigo explotación infantil, prostitución, microtráfico y violencia, además de alterar por completo la economía local.
“Uno de los efectos más evidentes está en el aumento desbordado de los arriendos, por ejemplo, viviendas que antes costaban entre 500 mil y 600 mil pesos, hoy se ofrecen hasta por 1,5 y 2 millones, dejando a los habitantes del municipio sin posibilidades de acceder a una vivienda“, sostuvo la gobernadora Adriana Magali Matiz.
El impacto también se siente en el campo.
“Personas que antes se dedicaban a la recolección de café ahora estarían abandonando esa labor para vincularse a la extracción ilegal de oro, afectando la economía tradicional del territorio“, añadió la mandataria de los tolimenses.
En materia de seguridad, aseveró que la situación es alarmante, en cifras Ataco pasó de registrar 6 homicidios en 2024, a 12 en 2025, y ya suma 10 en lo corrido de 2026.
A esto se suma el impacto fiscal, pues mientras toneladas de oro salen del territorio, el Tolima no recibe recursos, pero sí carga con las consecuencias de tener a la fecha, 232 hectáreas afectadas, erosión severa y un daño ambiental creciente, tras informe entregado por Cortolima.
