El Secretario de Gobierno de Ibagué reiteró que la administración municipal deberá destinar más de $1.128 millones para cubrir la alimentación de los detenidos en proceso, tras la decisión del Gobierno Nacional de suspender este gasto.
El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, explicó que la administración municipal deberá asumir un gasto de $1.128.500.000 correspondiente a la alimentación de las personas privadas de la libertad que permanecen en la Permanente del municipio o son trasladadas al Coiba.
Espín indicó que el Gobierno Nacional notificó a las entidades territoriales que dejará de asumir este gasto, por lo que a partir del próximo año la responsabilidad recaerá en los municipios y la medida se adopta luego de un auto de la Corte Constitucional que suspendió la prestación del servicio por parte del Gobierno Nacional.
El funcionario señaló que esta situación ha sido abordada en reuniones entre secretarios de Gobierno del país, donde se analiza el impacto financiero de la decisión. A nivel nacional, dijo, permanecen estancados alrededor de $50.000 millones destinados a este concepto.
“Hubo una demanda de constitucionalidad respecto de la prestación del servicio. Hubo un auto proferido por la Corte Constitucional, en el cual, suspendió esta situación, pero el próximo año, si nos toca a los municipios porque el Gobierno Nacional ya se desprendió de esa de esa carga de los PPL. A nivel nacional están estancados $50 000 millones”, concluyó el Secretario Espín.
