El exmandatario ya había sido condenado a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las «escuchas».
Este jueves se conoció que la justicia francesa condenó a cinco años al expresidente de la nación Nicolas Sarkozy por el caso de asociación ilícita.
El exmandatario, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado por un tribunal en París a cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por Libia.
Sarkozy fue hallado culpable de haber realizado un comploto entre 2006 y 2007 para su campaña electoral con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos.
No obstante, el expresidente francés fue absuelto de tres cargos: corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.
La sentencia dictada por el tribunal de París no sería definitiva si el exmandatario, de 70 años, la recurre.
Dentro de un mes, la justicia francesa debe informarle de la fecha de su entrada en prisión.
Sarkozy, que defendió su inocencia, asistió a la lectura de la sentencia en el tribunal de París acompañado de su esposa, la modelo, cantante y actriz Carla Bruni-Sarkozy, y tres de sus hijos.
Ante la condena el exmandatario expresó: “Le pido a los franceses que tengan en cuenta lo que acaba de pasar, el odio no tiene límites”.
Sarkozy también afirmó de manera contundente: “Soy inocente, una injusticia escandalosa, me acusan de algo que no he hecho; recurriré ante la Corte de Apelaciones”.
“Hoy han sido humillados Francia y la imagen de Francia, es una injusticia increíble”, añadió.
Sin saber aun cuándo entrará a prisión para pagar su condena, el exmandatario francés sentenció: “Dormiré en prisión con la cabeza alta”.
En el juicio, la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que el que fuera presidente de 2007 a 2012 es culpable de haber «permitido a sus colaboradores cercanos (…) actuar con el fin de obtener apoyos financieros».
Pero el proceso no permitió demostrar que «el dinero que salió de Libia» se utilizara «en última instancia» para financiar de forma oculta la victoriosa campaña electoral de 2007, precisó la magistrada.
La Fiscalía había pedido a finales de marzo siete años de prisión para Sarkozy al considerarlo el «verdadero» responsable de un pacto con el dictador libio Muamar Gadafi, muerto en 2011. El tribunal lo absolvió en cambio del cargo de corrupción.
Para los investigadores, el expresidente y su equipo prometieron a Gadafi ayuda para restaurar su imagen internacional, después que se acusara a Trípoli de atentar contra un avión en Escocia y otro en Níger, a cambio de dinero para su campaña electoral de 2007.
Gadafi fue derrocado y asesinado por sus opositores en octubre de 2011, durante la Primavera Árabe.
En ese entonces, Francia fue uno de los países motores de la intervención de la OTAN, que con su imposición de una zona de exclusión aérea en Libia prestó un apoyo esencial a los rebeldes.
Otras once personas fueron procesadas junto a Sarkozy. La justicia condenó a seis años de prisión a su ex mano derecha Claude Guéant por corrupción y asociación ilícita, y a dos años al exministro Brice Hortefeux sólo por el último cargo.
El caso se basaba en declaraciones de siete exdignatarios libios, viajes a Libia de Guéant y Hortefeux, transferencias de dinero y los cuadernos del exministro de Petróleo libio Shukri Ghanem, quien fue hallado ahogado en el río Danubio en Viena en 2012.
La nueva sentencia se ha visto eclipsada por la muerte el martes por un paro cardíaco en Beirut del empresario franco-libanés Ziad Takieddine, de 75 años y acusador clave de Sarkozy en el caso.
Takieddine afirmó en varias ocasiones que en 2006 y 2007 ayudó a entregar a Sarkozy y a su equipo hasta cinco millones de euros (seis millones de dólares) procedentes de Gadafi.
Posteriormente se retractó de sus acusaciones, antes de contradecir su propia retractación. La justicia abrió otro caso contra Sarkozy y también contra su esposa por sospechas de presionar a un testigo.
El exmandatario ya había sido condenado a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las «escuchas».
