Hablamos con Ingrid Betancourt, el general (r) Luis Mendieta y el exdiputado del Valle Sigifredo López, rechazan sanción de la JEP a exintegrantes del Secretariado de las FARC.
Luego de conocerse la sanción que impuso en un fallo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP a los siete exmiembros del Secretariado de las Farc, La Voz del Pueblo habló con Ingrid Betancourt, el general (r) Luis Mendieta y el exdiputado Sigifredo López, quienes expresaron su desacuerdo con la sanción impuesta por el caso 01 sobre secuestros.
Los tres coinciden en que la decisión no responde a las expectativas de las víctimas, quienes esperaban sanciones con restricción efectiva de la libertad. Betancourt afirmó que los excomandantes no cumplieron con los compromisos de verdad, reparación y no repetición, por lo que no deberían mantener beneficios jurídicos. Añadió que la condena basada en actividades comunitarias no envía un mensaje claro sobre la gravedad del delito del secuestro.
“El primero es que para que los miembros del Secretariado pudieran tener acceso a los beneficios que se les ha otorgado, ellos tenían que haber cumplido con todos los requisitos e incumplieron la mayoría. No aportaron a la verdad, no aportaron en reparación, no aportaron en no repetición y al contrario nos revictimizaron en múltiples oportunidades”, dijo Betancourt.
Enfatizó: “Es decir que realmente desde el punto de vista de la regla de juego para poder acceder a estos beneficios la JEP no hubiera debido otorgárselos. Primero de manera colectiva y después de manera individual esto esto era aún más precedente. Pero una vez que se había tomado la decisión. que yo creo es política. de mantenerles sus beneficios, la JEP tenía la posibilidad de aplicarles una sentencia con limitación de libertad”.
Recordó Ingrid Betancourt que este fallo trata el caso 01, de los secuestros y las víctimas de este delito, estaban esperando que la sentencia les obligara a tener una restricción en su libertad.
“Nosotros habíamos aceptado que no fueran a la cárcel, que las condenas no las pagaran en cárcel, pero sí estábamos esperando casa por cárcel. Y estábamos esperando que realmente la JEP mandara una una un mensaje muy muy claro de que el crimen no paga, de que el secuestro es un delito demasiado grave para tomarse, digamos a la ligera la condena y cuando uno ve esta condena, pues realmente es una rey, es un rey de burlas”, precisó.
Por su parte el General ( r ) Mendieta señaló que las víctimas fueron excluidas del proceso y cuestionó que los sancionados conserven garantías políticas y acceso a recursos públicos. Indicó que, pese a no haber contribuido con verdad ni reparación, recibirán presupuesto para cumplir con actividades restaurativas, lo que considera un uso inadecuado de los fondos estatales.
“Estuve participando en las audiencias eh preparatorias y ahí el sentir de las víctimas hacer a una cantidad de requerimientos y solicitudes que no se tuvieron en cuenta por parte de la JEP ahorita en esta sentencia. Por ejemplo, se solicitaba la exclusión de los integrantes de la parte de ese proceso porque no habían contribuido con la verdad, no habían entregado bienes, es decir, no habían contribuido a la reparación y como lo dice eh Sigifredo, pues si no hay reparación, no hay justicia”, dijo Mendieta.
Añadió el General ( r ): “Sabíamos que era de 5 o 8 años, por eso se solicitaba la exclusión. Nos sorprende ahora, esta decisión y se le añade lo adicional que siguen con sus garantías políticas, es decir, que puede continuar con su partido Político Comunes, con presupuesto del Estado, qué sé yo, otra cantidad de prebendas”.
El general indicó que la JEP solicitó inicialmente 500.000 millones de pesos para este proceso, de los cuales se asignaron cerca de 20.000 millones, lo que, en su concepto, refuerza la burocracia y no garantiza que las sanciones se cumplan efectivamente.
También advirtió que los exintegrantes del Secretariado podrían alegar en poco tiempo que ya cumplieron con sus obligaciones, lo que les permitiría acceder plenamente a los beneficios del acuerdo.
Sigifredo López sostuvo que el fallo constituye un escenario de impunidad, ya que los comparecientes no han aportado verdad plena ni han reparado a las víctimas. Criticó las acciones aprobadas como parte de la sanción, que calificó de simbólicas e insuficientes.
“No me sorprendió porque la ley fue prácticamente diseñada al antojo de una negociación.El acuerdo de paz. las FARC escogieron la conformación de su propio tribunal. Recuerden que hubo un asesor español, no aceptaron que la Fiscalía investigara, ni los sus propios investigadores, no aceptaron los jueces ordinarios sino la justicia especial conformada por Magistrados muchos de ellos sin ninguna experiencia como abogados, como jueces, como fiscales es que no, que el uno tiene que ser negro, que el otro indígena, que el otro no sé, pero de derecho, pues obviamente con excepciones muy respetables, pero no encuentra en la ley, unos magistrados con tradición jurídica bastante buena”,aseguró López.
El exdiputado mostró el malestar compartido por parte de las víctimas frente a la aplicación de la justicia transicional, que, según señalan, ha privilegiado a los exintegrantes de las FARC y ha dejado de lado a quienes padecieron directamente los secuestros.
“Ahí está el caso de los diputados del Valle y obviamente la eso yo con mayor claridad. Y lo que puedo decir sobre el particular es que estoy en desacuerdo. El fallo contiene una gran impunidad. Nosotros nosotros sabíamos que era una jurisdicción especial, que es una justicia transicional, con un enfoque restaurativo, que las penas no iban a ser las mismas de la justicia ordinaria, pero hasta ahí uno acepta”, dijo López.
Enfatizó: “Lo que causa indignación es que también los comparecientes, sí acordaron unas obligaciones, con las cuales, no han cumplido, por ejemplo, la verdad plena”.
Refirió que en el caso de los diputados, “la poca verdad que dijeron fue a insidias, a regañadientes, a decirles, «Ustedes también tienen Para decir algo, un solo ejemplo, dijeron que subieron sostenimiento hace menos de un año que la masacre ha ocurrido en un enfrentamiento con un grupo armado desconocido, donde había sobrevivido Sigifredo López y que era un agente del ejército del EPL que ha llegado al campamento y que en esos días habían enfrentamientos y entonces se llegaban a aceptar que fueron ellos mismos, que fue un error de comunicación entre ellos y diciendo que sosteniendo la tesis de un enfrentamiento, cuando la necrópolis demostraba que mis compañeros fueron asesinados con 14, 17, 23 disparos a quemarropa, vilmente masacrados”.
López anunció que apelará la decisión ante el Tribunal de Paz y buscará llevar el caso a la Corte Penal Internacional.
“Las víctimas estamos indignados, convoco a las víctimas de Ibagué, del Tolima y de todo el país a que quienes estén igual de insatisfechos con esta decisión, hagamos el uso de los últimos recursos que nos quedan. Uno es apelar la decisión ante el Tribunal de Paz, que es la especie de sala plena, donde seguramente va a pasar lo mismo y van a reafirmar, a confirmar esta esta sentencia. A ratificarla, y dos, sí a ratificarla y dos, llevar el caso ante la Corte Penal Internacional por ausencia de justicia, por impunidad y eso solamente puede hacerse a través de un jefe de Estado”, refirió.
Añadió López: “Será jefe del Estado colombiano, el actual, el próximo o de un jefe de Estado que sea solidario y que entienda que el dolor y el sufrimiento de las víctimas ha sido burlado en Colombia con esta con esta decisión. Entonces, eso es lo único que nos queda, pero lo único que podemos hacer quienes respetamos la ley, que es hacer uso de la ley cuando no estamos de acuerdo”.
