Lo que comenzó como un viaje de negocios terminó en una desaparición sin respuestas. Tres hombres, oriundos del sur del Tolima, salieron en diciembre de 2021 rumbo a San Vicente del Caguán. Desde entonces, sus familias no volvieron a saber de ellos. A casi cuatro años del hecho, la justicia empieza a desenredar la trama.
La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Cristina Vargas Cuéllar, señalada de haber tenido participación directa en el hurto y desaparición de los tres ciudadanos. Según las investigaciones, Vargas Cuéllar habría sido quien los convenció de viajar hasta el Caquetá con la promesa de cerrar un negocio.
Pero el viaje resultó ser una trampa.
Una desaparición y rastros de dinero
Las víctimas, cuyos nombres son:
• Leandro Angelino Sánchez
• Jhon Gener Santiago Quintero
• Edwin Andrés Posada
habrían salido de Suárez con una considerable suma de dinero en efectivo. El rastro que dejaron fue bancario: según la Fiscalía, la hoy procesada recibió millonarias transferencias desde las cuentas de los desaparecidos. También habría manejado giros y movimientos en plataformas digitales, lo que terminó por vincularla con el caso.
Los familiares denunciaron que, días después de la desaparición, fueron contactados por personas que se identificaron como disidencias de las FARC, quienes exigieron 60 millones de pesos a cambio de información sobre el paradero de los hombres. Aunque estas llamadas no fueron verificadas en su totalidad, encajan con el patrón de extorsión conocido en la región.
Lo que dice la justicia
Cristina Vargas Cuéllar fue capturada y presentada ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La mujer fue judicializada por los delitos de:
• Desaparición forzada
• Hurto calificado y agravado
• Hurto por medios informáticos
La Fiscalía sostiene que Vargas actuó con premeditación y que podría haber sido parte de una red más amplia de delincuencia organizada, aunque eso aún está en fase de investigación.
El papel del silencio
Pese a la gravedad de los hechos, el caso se mantuvo en silencio por años. Solo un documento publicado en enero de 2022, atribuido a un grupo armado, hizo referencia a tres hombres “retenidos” en San Vicente del Caguán. Uno de ellos habría muerto en custodia, según ese mismo texto.
No obstante, la justicia colombiana no se apoya en comunicados ilegales, sino en evidencia. Y la evidencia apunta a Vargas Cuéllar como pieza clave en la desaparición.
Una herida abierta
Hoy, casi cuatro años después, las familias aún esperan respuestas claras sobre el destino de sus seres queridos. La judicialización de una presunta responsable es apenas el primer paso. Pero en un país donde la desaparición forzada ha sido una tragedia constante, cada paso hacia la verdad representa una victoria, aunque sea parcial.
