Según la Fiscalía, los detenidos, mensualmente extraían 40.000 cartuchos para fusil, los cuales venderían en un promedio de $240 millones. Además, cuentan con evidencia de que vendrían delinquiendo desde el año 2022 en complicidad con particulares.
Tres suboficiales del Ejército Nacional fueron enviados a la cárcel por su presunta participación en una red criminal encargada de comercializar munición de uso privativo de las fuerzas militares para fortalecer el brazo armado de grupos criminales organizados entre 2022 y septiembre de 2024.
Su captura se hizo efectiva por investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del Ejército y la Sijín de la Policía del Tolima entre los días 11 y 12 de diciembre mediante un operativo simultáneo realizado en el Fuerte Militar de Tolemaida ubicado en el Nilo (Cundinamarca) donde fue detenido el sargento viceprimero, José Arturo Cavarique Acosta; en el Hospital Militar de Bogotá donde fue detenido el sargento segundo, Jhorman Francisco Torres Parra, mientras que el suboficial José Arturo López Astudillo fue detenido en el Comando de Operaciones Logísticas N° 2 del Ejército Nacional en Cali (Valle del Cauca).
La Fiscal especializada que los investiga, en desarrollo de la audiencia preliminar les imputó ante un juez de garantías los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, violación de datos personales, y acceso abusivo a un sistema informático.
Ninguno aceptó los cargos endilgados. Las investigaciones adelantadas desde hace tres meses con el apoyo del Grupo de Criminalística y de la Sección de Análisis Criminal del CTI de Ibagué, develaron que estas personas, en complicidad con particulares, aprovechándose de sus cargos y funciones, dos de ellos como almacenistas, se apropiaron de grandes cantidades de munición de fusil calibre 5.56 mm, para posteriormente vendérsela a las disidencias de las Farc e integrantes del ‘Clan del golfo’, con injerencia en los departamentos de Cauca y Arauca, en los que se ha venido incrementando la acción subversiva y ataques en contra de la fuerza pública.
Tendrían su centro de operaciones en los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Cauca, Tolima y Arauca. Para legalizar la venta de la munición de la que se apropiaban ilícitamente, accedían de manera abusiva al sistema misional del Ejército Nacional, utilizando usuario y claves de compañeros de la institución, y así alterar la documentación requerida. Así, se establecería la apropiación de la munición la cual era de 10 mil cartuchos semanales, es decir, que mensualmente por la comercialización de este material de guerra obtenían $240.000.000.
La transacción por la venta de este material la hacían de manera presencial y mediante billetera digital o transferencia a cuentas bancarias de terceros para que el comprador les hiciera las consignaciones a cuentas de personas de su confianza, entre ellos algunos soldados quienes luego de hacer el retiro, les entregaban el dinero a los involucrados.
Usaban lenguaje cifrado para referirse a las municiones traficadas como semillas, resmas u hojas. El material de guerra era empacado en baterías de carro y enviado por transporte público. Usaban mujeres con buen aspecto físico, para llevar las municiones hasta los departamentos en mención. Todas las coordinaciones para la entrega del material de guerra las realizaban vía WhatsApp o de manera personal.
