Lo deben hacer por una orden judicial que hay para llevar a cabo que estas personas salgan de este lugar.
Después del anuncio de la Alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, que se haga el desalojo de las personas que invadieron el predio y lo autodenominaron Villa Resistencia, el secretario de Gobierno, Edward Amaya, confirmó que se debe dar, no obstante no hay una fecha.
Según el funcionario, debe haber, aunque no hay una fecha y enfatizó que de darse, deben garantizar los derechos de las personas que habitan este lugar.
“Hay una sentencia de unificación que me gustaría que ustedes leyeran de la Corte Constitucional que nos hace unas exigencias, hoy un desalojo no es como se hacía antes. En junio del año pasado se terminó, por ejemplo, una caracterización que le dimos a conocer a las diferentes autoridades y si, en su momento, se desarrolló el desalojo”, enfatizó Amaya.
Según el funcionario, “si hay que utilizar la fuerza pública se utiliza, claro que sí, pero obviamente uno quiere que las personas. Un desalojo no es bonito lo primero que debo decir, pero nosotros tenemos unas órdenes judiciales y las órdenes judiciales hay que cumplir”.
Añadió que, “nosotros no tenemos la obligación de trasladar esas personas a otro lado o de reubicar, salvo lo que ordena la sentencia de unificación y es a las personas a quienes se les compruebe de 10 años hacia acá que son personas afectadas por el conflicto armado”.
Por último, recordó sobre los invasores y la posible compra de lotes que, “ellos saben que es un lote del municipio. Saben que están de manera ilegal. Saben que no debieron entregar si así pasó ningún dinero. Saben que fueron objeto de una estafa, todo eso lo sabían, si lo sabían entonces no sé cómo los pudieron estafar”.
De darse el desalojo, deben estar diferentes instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano del Bienestar Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Procuraduría, la Personería.
