La petición también se hizo a las empresas Ibagué Limpia y Gestora Urbana, Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), Policía Metropolitana de Ibagué, y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
En oficio enviado a la Gobernación del Tolima y a la Alcaldía de Ibagué, la Procuraduría General de la Nación solicitó la adopción de medidas para preservar los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud, y la vida e integridad de las personas privadas de la libertad (ppl) en la Estación de Policía Permanente Central y Unidad de Reacción inmediata de Ibagué.
El ente de control manifestó en el escrito que en visita a los citados centros transitorios evidenció que persiste el hacinamiento que supera el 400 %, así como las inconformidades frente a las condiciones para el suministro de alimentos y la disposición de residuos sólidos y basuras.
En ese sentido, pidió retirar los escombros de las obras ejecutadas; mejorar la dotación para la sala de audiencias y visitas virtuales, el área de atención en salud y la sala para visitas conyugales; así como priorizar la respuesta a las emergencias médicas y la prestación del servicio de ambulancias, entre otras.
En la misiva la entidad requirió enfáticamente cumplir las órdenes impartidas en el fallo de tutela del 4 de marzo de 2022 y en el auto del 15 de septiembre de 2023 en el cual se declaró el desacato a los accionados, por cuanto el incumplimiento de tales requerimientos contraria los deberes de protección especial a las ppl, dada su condición de sujeción e indefensión frente al Estado y los múltiples factores de vulneración a los que están expuestos.
Por último, la Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió que cada entidad destinataria de la misiva deberá informar, los avances y las gestiones cumplidas para superar las precarias condiciones en que se encuentran las ppl en los centros de detención transitoria de Ibagué.
