El ministro de Justicia, Néstor Osuna, declaró en la mañana de este lunes 12 de febrero la emergencia carcelaria en todo el país.
La decisión fue tomada tras una una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, en la cual participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata; entre otros funcionarios.
“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito”, señaló el ministro Osuna.
Esta emergencia carcelaria, según la cartera de Justicia, permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos.
Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.
El Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana.
“Se observa un aumento del 100 por ciento en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios”, indicó el Minjusticia en un comunicado.
