En un anuncio sorprendente, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló un nuevo mapa de Venezuela que incorpora territorio en disputa con Guyana, desatando la euforia de sus seguidores y preocupaciones a nivel internacional. Durante un acto público, Maduro lanzó un plan de acción sobre el territorio en disputa conocido como el Esequibo, que ha sido objeto de tensiones entre ambos países durante décadas.
Maduro, respaldado por ministros, militares, alcaldes y gobernadores, expresó con firmeza: «Guyana debe saber que arreglamos este problema por las buenas o lo arreglamos». A pesar de las amenazas implícitas, no anunció una incursión directa en la zona en litigio. En cambio, anunció nueve decisiones que marcan el nuevo rumbo de Caracas en el conflicto territorial.
La iniciativa, considerada la bandera del Gobierno de Maduro, fue aprobada en un referendo unilateral apenas dos días antes, en el que los ciudadanos, animados por el Ejecutivo, votaron a favor de anexarse el área en disputa, que Venezuela no controla desde 1899.
Entre las medidas anunciadas, Maduro ordenó la creación de una división militar para atender la zona en cuestión, sin especificar una incursión armada inmediata. Asentó a la Fuerza Armada en una localidad próxima al Esequibo, al menos de manera «provisional», hasta que el Parlamento, controlado por el chavismo, apruebe la ley de anexión del territorio.
Además, Maduro solicitó al Parlamento establecer una norma que prohíba la contratación de empresas que operen en las concesiones otorgadas por Guyana en el mar que Venezuela considera «pendiente por delimitar». También instó a la estatal petrolera Pdvsa a otorgar licencias para la exploración y explotación de recursos en la Guayana Esequiba.
Una de las decisiones más impactantes fue la publicación de un nuevo mapa nacional, que despoja a Guyana de dos tercios de su territorio en el mapa venezolano. La llamada «zona en reclamación» ahora se denomina estado Guayana Esequiba, y Venezuela planea comenzar a otorgar la nacionalidad a las 125,000 personas que habitan en esa región, mayoritariamente comunidades indígenas.
El presidente destacó la «activación inmediata de un plan de atención humana y social» para esta población, que incluirá un censo y la entrega de cédulas de identidad venezolanas. Además, se propuso la creación de «áreas de protección especial» y nuevos parques protegidos en el territorio en disputa.
La comunidad internacional observa con preocupación estos desarrollos, mientras la Corte Internacional de Justicia (CIJ) había pedido a Venezuela abstenerse de acciones que alteren la situación actual del área administrada por Guyana. La controversia por este territorio, que data del siglo XIX, se ha intensificado desde 2018 con la admisión del caso por parte de la CIJ. La comunidad internacional seguirá de cerca la evolución de esta situación que podría tener repercusiones significativas en la región.
