A partir del 1 de agosto serán los alcaldes quienes deban garantizar la alimentación de los detenidos en estos lugares provisionales, entre esos el de Ibagué, donde hay al menos 300 personas.
La Procuraduría General de la Nación alertó a los alcaldes, gobernadores y entidades responsables de la administración de los Centros Transitorios de Detención y URI en todo el país, sobre la finalización de servicio de alimentación que viene prestando la Unidad Nacional Penitenciaria y Carcelaria (Uspec) a partir del próximo 31 de julio de 2023.
En respuesta a un requerimiento hecho por la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, la USPEC argumentó que suspenderá la entrega de raciones alimenticias, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en 2022, que asignó dicha responsabilidad a las entidades territoriales que tienen bajo su dirección inspecciones, estaciones, subestaciones de policía, URI, y Centros similares.
A poco más de un mes de que se venza el plazo otorgado por la Corte para realizar esta transición, la Procuraduría, como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL) solicitó al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, a las gobernaciones y alcaldías del país, presentar en un término de 10 días sus planes logísticos, administrativos y cronogramas de implementación para garantizar el suministro de alimentación en los Centros de Detención Transitoria en cada departamento y municipio del país.
El procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, aseguró que el Ministerio Público verificará estrictamente la respuesta de las entidades territoriales frente a esta contingencia y tomará las medidas preventivas o disciplinarias necesarias para que se asegure la alimentación y así se respeten los derechos humanos de las personas recluidas en estos centros.
