Este martes 3 de diciembre, las negociaciones para establecer el salario mínimo de los trabajadores colombianos para 2025 comenzaron con un fuerte desacuerdo. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) sorprendió a los asistentes al plantear un incremento del 2,5%, lo que equivaldría a unos $32.500, excluyendo el auxilio de transporte de $160.000.
La propuesta, que se aleja significativamente de las expectativas de los sindicatos, quienes demandan un aumento del 10% (aproximadamente $130.000), ha generado un ambiente de tensión en la mesa de concertación. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), enfatizó que su prioridad es asegurar un aumento de doble dígito por segundo año consecutivo, en medio de la resistencia del sector privado que considera inviable un incremento de tal magnitud en la actual coyuntura económica.
El Gobierno, liderado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se posiciona a favor de un aumento del 6,2% ($80.600), fundamentado en una inflación proyectada entre 5% y 5,2%, más un punto de productividad. Esta postura es respaldada por otras entidades, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), que advierten sobre los riesgos de un aumento desmedido que pueda afectar negativamente a los trabajadores no representados en la mesa.
En este contexto, el Ministerio de Trabajo ha anunciado la instalación de la Subcomisión de Productividad y el inicio formal de la Comisión Permanente el 4 de diciembre, con la esperanza de alcanzar un acuerdo sobre el salario mínimo para el próximo año. La situación plantea un desafío significativo para el Gobierno de Gustavo Petro, que busca equilibrar las demandas de los trabajadores con las realidades económicas del país.
