Johana Rubio, representante de los Jeep, señaló que nunca fueron notificados, que se enteraron por un rumor y le hacen un llamado a la Administración Municipal para que los dejen trabajar.
El primero de noviembre los vendedores de café en jeep en Ibagué fueron informados, según una de sus representantes, a través de rumores, que debían moverse de los lugares que ocupaban en el Centro de la capital tolimense, por una decisión judicial.
Así la cosas estuvieron en puntos como la Plaza de Bolívar, el Parque Manuel Murillo Toro, la Plazoleta Darío Echandía y otras calles del Centro de Ibagué, hasta el 31 de octubre y según refiere Johana Rubio, representante de los Jeep, contaban con permiso para operar, pero ahora enfrentan la amenaza de ser levantados con comparendo y persecución.
La mujer denunció que su grupo ha contribuido significativamente al municipio, tributando mensualmente $900.000, lo que suma más de $120 millones al año. Sin embargo, señala que no han recibido ninguna notificación oficial sobre su situación laboral, lo que ha dejado a los trabajadores en un estado de incertidumbre.
“Simplemente nos llegó un rumor y nos dijeron que si nosotros sacamos el mes de octubre los carros tenían que ser levantados con comparendo y persecución. Hasta el momento no hemos tenido, la verdad, ningún apoyo por parte de la administración. Lo único que nos dijeron fue váyase y ya. Y acá estamos reclamando el derecho al trabajo, al mínimo vital que cada uno de mis compañeros y yo tenemos”, explicó la mujer.
Enfatizó la representante de los Jeep: “Dicen que es por una acción popular, pero es falso. La acción popular está sobre tres personas. Sobre el carro de la 12, sobre una caseta de la Santa Librada y con un comerciante de la 15. Nunca dice que nos retiren a todos. Ellos toman esta acción y lo que hacen es retirarnos. Lo que le dicen a los medios es que no, por una acción popular, no, la acción popular no va para nosotros”.
Rubio enfatizó el impacto social que estos vehículos han tenido en la comunidad. Según ella, los jeep no solo ofrecen un servicio, sino que también han ayudado a reducir la delincuencia y han creado espacios agradables para la convivencia familiar”, dijo la mujer.
Rubio criticó la persecución que sufren, destacando que son atacados a pesar de operar de manera formal y cumplir con sus obligaciones tributarias, además que ocho familias viven de este trabajo, vendiendo café en los Jeep.
