La Procuraduría de Girardot tomó la decisión de proferir pliego de cargos contra el alcalde Juan Carlos Tamayo y el Secretario de Hacienda por el contrato de los palcos de Corralejas.
De acuerdo con el ente investigador, tan pronto ocurrieron los hechos del desplome de una importante porción de la plaza de toros que fuere construida en el sector de barrio Caballero y Góngora del municipio de El Espinal, durante el mediodía del domingo 26 de junio de 2022, con el saldo trágico ya conocido de tres personas muertas, incluido un bebé y más de 300 heridas, se iniciaron las investigaciones que ahora redundan en la formulación de cargos.
En varios folios del proceso se reflejan las investigaciones que hizo el ente acusador, con los testigos, indagación a los funcionarios, los testimonios de los implicados y las conclusiones, hallando Dolo por aprovechamiento del espacio público y beneficio económico en el contrato que se llevó a cabo para la construcción de los palcos, denominados como «plaza de ferias» donde la administración municipal celebró un contrato, el 21 de junio de 2022, con el ciudadano Jhon Fredy Oliveros Calderón.
El referido negocio jurídico exigía para su ejecución la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual no fue otorgada por ninguna compañía de seguros, situación de la cual fueron enterados los procesados y a pesar de ello la administración municipal no presentó objeción alguna para que el evento se llevará a cabo, a sabiendas, de que se llevaría a cabo, sin contar con ningún amparo.
De igual forma, era deber del contratista pagar a favor del municipio un emolumento por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000) por concepto de la utilización del espacio público, los cuales tampoco pagó y, sin embargo, el municipio y en su nombre y representación los procesados, no presentó objeción alguna para qué se llevará cabo el espectáculo público., por lo que el 27 de abril del 2023 El alcalde y el secretario de hacienda son señalados culpables por supuesto Dolo al buscar un beneficio económico.
En el caso del Secretario de hacienda, el ente manifiesta que Efrey Bocanegra Ortiz, permitió que el contratista ejecutará este negocio jurídico sin constituir a favor del municipio la póliza de responsabilidad civil extracontractual que se le exigió conforme a la cláusula octava del contrato y sin que hubiere pagado el valor estipulado contractualmente como retribución a favor del municipio, por el aprovechamiento del espacio público.
El Ministerio público señaló que John Fredy Oliveros Calderón, era una persona carente de toda experiencia, capacidad financiera, logística u organizacional para llevar a cabo un evento de la magnitud de las «corralejas» como lo admitió el propio Contratista, quien aseguró que el alcalde municipal de El Espinal, le dijo con un mes de anticipación al evento, que él sería la persona que se encargaría de organizar las festividades taurinas, pese a reconocer que su contacto con este tipo de espectáculos, deriva solo del hecho de que cuando era menor de edad, acompañaba a sus padres que organizaban en los pueblos del Tolima y Cundinamarca.
De acuerdo con la Procuraduría, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto Contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
Según lo reconoce el propio contratista John Fredy Oliveros Calderón, tanto el alcalde municipal de El Espinal. Juan Carlos Tamayo salas, como el secretario de hacienda y tránsito municipal, Efrey Bocanegra Ortíz, sabían de la negativa de las aseguradoras de amparar los riesgos derivados de la ejecución del evento taurino denominado «corralejas» y a pesar de ello, como ordenador del gasto el señor secretario de hacienda, no tuvo ninguna objeción en que se llevará a cabo la realización del espectáculo.
