En un giro inesperado, la Procuraduría General de la Nación ha emitido un concepto favorable para que el alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez, continúe en su cargo. Esta postura contrasta con la decisión previa del Tribunal Administrativo del Tolima, que en primera instancia anuló su elección por presunta inhabilidad.
El Tribunal había acogido un concepto inicial de la Procuraduría, señalando que Gutiérrez, en su calidad de representante legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S., suscribió en diciembre de 2021 un acta de dación en pago con el municipio. Este acuerdo fue modificado en noviembre de 2022 y febrero de 2023, dentro del año anterior a su elección, lo que, según el fallo, configuraba una inhabilidad para ejercer el cargo.
Sin embargo, en su reciente pronunciamiento, la Procuraduría ha solicitado la revocación de la sentencia que anuló la elección de Gutiérrez, argumentando que las modificaciones al contrato original no constituyen nuevos contratos y, por tanto, no configuran causal de inhabilidad. Esta posición busca que el mandatario local se mantenga en el ejercicio de sus funciones.
Cómo lo manifestó el alcalde a través de su defensa, se apeló postura que fue acompañada por el tercero interviniente, el abogado Antonio Paris. A partir de este lunes, el caso entrará al despacho del magistrado ponente para que resuelva la segunda instancia.
Este acontecimiento ha generado diversas reacciones en la comunidad y en el ámbito político regional, evidenciando la importancia de la claridad en los procesos de contratación y las implicaciones legales para los funcionarios públicos. La decisión final del Consejo de Estado será determinante para el futuro político del municipio y sentará un precedente en materia de inhabilidades electorales.
