El contrato para mejorar la vía El Salado – San Bernardo, con un valor total de $14.067.796.155, presentó irregularidades en su planeación y ejecución. Esta obra habría generado un detrimento público por valor aproximado de $297.731.000.
Por posibles inconsistencias en un contrato de obra financiado con recursos de regalías por valor de $ 10.059’413.358, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra las exsecretarias de Infraestructura y Hábitat del Tolima, en su condición de ordenadoras del gasto, Diana Esperanza Cifuentes Quintero (2018-2019) y Claudia Paola Muñoz Barreto (2019-2022).
En la misma decisión, la Entidad investiga al entonces profesional de la secretaría, Felipe Andrés Lombo Vergara, quien fungió como supervisor del contrato, y al exrepresentante legal del Consorcio Ingescorp E&S, Aura López Mendoza, quien tuvo a cargo la interventoría del bilateral suscrito con la Unión Temporal San Bernardo, para mejorar y pavimentar la vía secundaria El Salado – San Bernardo.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima establecerá si se presentaron irregularidades sucesivas que afectaron el normal desarrollo del proyecto y de los contratos involucrados, las cuales habrían generado adiciones en un 50 % del valor, así como múltiples retrasos, pues, aunque inicialmente se estableció un plazo de 300 días, se requirieron más de 1.100.
Así mismo, determinará si hubo fallas en el control y seguimiento por parte de la administración departamental basadas en la improvisación, mala estructuración del presupuesto y falencias en las especificaciones técnicas, además de las relacionadas con la forma simultánea en la que se habría construido y diseñado la obra para atender la necesidad y suplir lo que sobre la marcha iba surgiendo, sin planear lo que era previsible.
El ente de control ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares que son objeto de investigación.
