En un fallo que sacude los cimientos de una de las instituciones académicas más importantes del departamento, Diego Alberto Polo Paredes vicerrector de Desarrollo Humano y coordinador de la Unidad de Género de la Universidad del Tolima fue declarado por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué de haber incurrido en desacato, tras incumplir una orden judicial que buscaba proteger a una docente que denunció violencia laboral basada en género.
El 30 de julio de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué emitió una sentencia donde ordenaba a la UT y a su vicerrector de garantizar la protección integral de la docente Inés Yohanna Pinzón, víctima de violencia laboral. Pero lo que prometía ser un pronunciamiento en defensa de los deberes y derechos de las mujeres quedó en letra muerta: ni el directivo ni la institución cumplieron con las medidas decretadas, por lo que el juez determinó que incurrieron en un grave desacato.
La Universidad del Tolima en cabeza del rector Omar Mejía Patiño, quién venía anunciando un plan de prevención, sanción y erradicación de violencias basadas en género (VBG) para 2025, con asignación presupuestal y currículos revisados, hoy se ve envuelta en la paradoja de sancionar al propio encargado de velar por ese cumplimiento. Mientras la institución habla de políticas y plan de mejoramiento, la realidad es que su alto directivo ha sido declarado en incumplimiento de una orden judicial que protegía a una docente de su propia plantilla.
Lo que resolvió el Juzgado Octavo Penal del Circuito en contra del funcionario de la UT, fueron dos días de arresto, que serán ejecutados en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Ibagué, y una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. El juez insistió en que la obligación de cumplir la tutela era estricta y sin excusas, recordando que el retraso u omisión en estos casos constituye desacato sancionable bajo el Decreto 2591 de 1991.
¿Qué viene ahora?
La ejecución del arresto marca un precedente contundente en la universidad pública colombiana: ni los altos cargos están exentos de sanciones. Los estudiantes, docentes y la opinión pública estarán atentos al pronunciamiento oficial de la Universidad del Tolima, que hasta la publicación de esta nota no se había pronunciado oficialmente. Este caso pone bajo el microscopio la eficacia real de las políticas de género en las instituciones académicas: ¿servirán los discursos o solo quedarán en promesas?
