La Fiscalía ha imputado cargos al excandidato presidencial Rodolfo Hernández por posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La audiencia, que también incluye a su esposa y gerente de campaña, Socorro Oliveros, se está llevando a cabo desde las 7:30 a. m. en Bucaramanga.
Los cargos se basan en una demanda presentada en junio de 2022, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, por los abogados Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, del Valle del Cauca. La demanda alega que Hernández violó la Ley 1475, que regula la financiación de las campañas políticas, al contribuir con más de $127 millones a su propia campaña.
La acusación se centra en la prohibición de financiar campañas con recursos ilícitos. Hernández, quien ya está bajo proceso judicial por un delito contra la administración pública, se le imputa el uso de sus propios recursos en contravención a esta normativa.
En una entrevista en Blu Radio, Óscar Fuentes explicó que el uso de los recursos personales de Hernández para la campaña presidencial constituye una violación, especialmente cuando enfrenta un proceso judicial con una acusación pendiente en la fase de juicio. Según Fuentes, esto va en contra de la prohibición legal de utilizar recursos propios para financiar campañas en tales circunstancias.
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Así avanza la eliminación de estratos en Colombia
El proceso de eliminación de los estratos en Colombia sigue avanzando con la presentación de un nuevo proyecto de Decreto por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que establece los lineamientos para la implementación de una nueva medición socioeconómica en el país.
El proyecto de Decreto otorga al DNP la responsabilidad de recopilar y priorizar la información contenida en el Registro Universal de Ingresos, la cual será utilizada para diseñar, focalizar, monitorear y evaluar los programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
Uno de los aspectos clave de este proceso es el tiempo necesario para recopilar la información requerida. Según el DNP, la recolección de datos a partir del Registro Universal de Ingresos comenzará en el segundo trimestre de 2026.
El proyecto de Decreto establece que las entidades responsables de los programas sociales utilizarán la clasificación del Registro Universal de Ingresos como criterio de focalización para la asignación de subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social.
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Este cambio implicará que tanto las entidades públicas como los particulares que ejerzan funciones públicas adopten el Registro Universal de Ingresos como único instrumento de focalización. Para lograr esta transición, deberán realizar:
- Un análisis del impacto del cambio en la población potencialmente beneficiaria.
- La identificación de las poblaciones afectadas y los criterios para la transición.
- Mecanismos y plazos para la adopción del nuevo sistema.
- Puntos de corte de acceso a los programas, de acuerdo con las normativas aplicables.
El proceso de eliminación de los estratos en Colombia y la implementación del nuevo marco de medición se espera que concluya después del segundo trimestre de 2026.
El DNP también ha enfatizado la importancia de una adecuada socialización del cambio. Cada entidad responsable deberá comunicar a la población su plan de transición, así como implementar estrategias de divulgación y pedagogía para informar a los beneficiarios y potenciales beneficiarios sobre este proceso.
Se espera que todo el proceso de transición y socialización se lleve a cabo entre el segundo semestre de 2025 y el primer semestre de 2026, según lo establece el proyecto de Decreto.
