El presidente de la corporación, Abel Otálora, explicó que ya tuvieron acercamiento con la Policía del Departamento.
La problemática de la minería ilegal en el municipio de Ataco dejó de ser un asunto exclusivamente departamental y se convirtió en una situación de alcance nacional, según lo advirtió un diputado de la Asamblea del Tolima, Abel Otálora, presidente de la Corporación, quien aseguró que, pese a los esfuerzos de Cortolima y de la Gobernación del Tolima, existen limitaciones frente a decisiones y permisos que dependen directamente del orden central.
De acuerdo con sus declaraciones, aunque Cortolima ha hecho todo lo posible para atender y controlar esta situación, hay factores que escapan a la competencia regional, especialmente cuando existen autorizaciones o decisiones que se manejan desde el nivel nacional, lo que termina frenando la capacidad de reacción de las autoridades del departamento.
En ese contexto, el corporado destacó que la gobernadora Adriana Magali Matiz tomó medidas en el municipio de Ataco al evidenciar que el problema no podía seguir siendo contenido únicamente con acciones locales, razón por la cual intervino para tratar de frenar el avance de esta problemática asociada a la minería ilegal.
Asimismo, desde la Asamblea del Tolima se reconoció que “hasta el momento no se ha concretado un acercamiento formal con el Gobierno Nacional para abordar esta situación, pero estoy se podría dar en algún momento“, reveló Otálora.
El diputado explicó que, previo a esta coyuntura, ya se habían adelantado reuniones privadas con altos mandos de la Policía Nacional y directivos relacionados con la temática ambiental y de control territorial, en las que se expusieron las preocupaciones sobre el avance de la minería ilegal y la necesidad de fortalecer las herramientas institucionales para enfrentarla.
Finalmente, insistió en que el reto ahora es construir una ruta que permita al Tolima elevar con mayor fuerza esta denuncia ante el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que la dimensión del problema supera las capacidades del departamento y exige una intervención articulada entre autoridades ambientales, fuerza pública y entidades del orden central.
