Un juez de Bogotá ha dictado una orden de embargo sobre las cuentas del Gobierno Nacional debido a las deudas que el Ministerio de Minas y Energía mantiene con el Grupo EPM por el impago de subsidios de servicios públicos. La resolución fue emitida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el 4 de marzo, especificando que la medida cautelar se aplicará a una suma de $83.309 millones, correspondiente a una deuda acumulada con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), una de las filiales de EPM.
El fallo detalla que la deuda total asciende a $46.912 millones, desglosados en $41.654 millones por saldos insolutos derivados de obligaciones reconocidas en varias resoluciones y $5.258 millones en intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció la decisión judicial, indicó que EPM se vio obligado a recurrir a la justicia ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional sobre el pago de esos subsidios.
“La Justicia nos da la razón. Hoy se ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que debe a EPM desde el año pasado”, afirmó Gutiérrez, subrayando que a pesar de los intentos de diálogo, no se obtuvo respuesta.
El alcalde también mencionó que, aunque el embargo está relacionado con la deuda de la Nación con CENS, existen demandas adicionales en curso por Afinia y otras filiales de EPM que también esperan el pago de subsidios. Según cifras proporcionadas por Gutiérrez, el Grupo EPM enfrenta un faltante total de $1,25 billones hasta el 31 de diciembre de 2024, con deudas específicas en varias de sus filiales.
Además de los subsidios de energía, el Distrito de Medellín ha buscado vías judiciales para que el Ministerio de Hacienda cumpla con los aportes aprobados para la construcción del metro ligero de la 80, que debían ascender a $483.135 millones para 2024. También se ha recurrido a la justicia para impugnar un decreto presupuestario que aplaza el pago de $497.630 millones para la vigencia 2025.
Este déficit financiero ha generado preocupación en la administración del Metro de Medellín, ya que la construcción de la megaobra, que comenzó formalmente el 16 de enero, continúa en marcha gracias a los recursos proporcionados por el Distrito. En un llamado directo al Presidente Petro, Gutiérrez solicitó que el Gobierno cumpla con sus obligaciones financieras: “Presidente Petro, esta es una decisión de la Justicia, le pido que pague lo que debe, no le estamos pidiendo un favor, simplemente que cumpla con la Constitución y la Ley”.
