A pocos días de la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para este domingo 26 de octubre, se desató una nueva controversia luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmara que no podrá habilitar algunos puestos de votación por problemas de orden público en varias zonas del país.
El comité político del Pacto Histórico sostiene este jueves una reunión con el Ministerio de Defensa para abordar la situación, que califican como una afectación directa al derecho de participación política de sus simpatizantes, especialmente en regiones rurales y apartadas. “Cualquier intento de disminuir los puestos de votación es una violación al derecho constitucional de participación y una agresión contra las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes”, señaló la coalición en un comunicado.
Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que la decisión se debe a la falta de garantías de seguridad para el traslado de material electoral y la protección de los jurados. “La Registraduría no puede llevar material electoral si no contamos con el despliegue de la Fuerza Pública. Los puestos se ubican conforme a las capacidades del Plan Democracia”, precisó el funcionario.
En total, la entidad habilitó 13.400 puestos de votación y cerca de 20.000 mesas, donde participarán 142.021 jurados. Aunque esta cifra duplica el despliegue de la última consulta interna realizada en 2017 por el Partido Liberal, sigue siendo inferior al número de mesas que se instalan en unas elecciones ordinarias (125.000). Para esta jornada, además, no se habilitarán puestos de votación en el exterior debido a la complejidad logística que implica el envío del material electoral, especialmente hacia países como China y Australia. El Pacto Histórico había propuesto implementar una plataforma virtual para permitir el voto online, pero el sistema no fue avalado ni reconocido como mecanismo oficial.
