El Gobierno de Guatemala expresó este lunes su firme rechazo a la orden de captura emitida por una Sala de Apelaciones local en contra del excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y la actual fiscal general del país, Luz Adriana Camargo. La solicitud de detención fue presentada por el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la administración que encabeza el presidente Bernardo Arévalo de León afirmó que la decisión del Organismo Judicial guatemalteco carece de respaldo en el marco legal tanto nacional como internacional. El gobierno expresó su rechazo «enfáticamente» a la medida, señalando que estas acciones «carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)».
La orden de captura fue emitida por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco y responde a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig en relación con el caso Odebrecht, según informaron medios locales. El gobierno guatemalteco reafirmó su compromiso con la protección de la independencia institucional y criticó las acciones que, a su juicio, afectan la cooperación internacional y el estado de derecho en el país.
