La controversia se ha desatado en torno al proyecto que busca llevar servicios médicos a las comunidades más aisladas del Amazonas, tras denuncias de presiones indebidas ejercidas por Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. La situación ha puesto en el centro del debate la ética y la transparencia en la gestión pública, causando una ola de críticas y cuestionamientos sobre el uso del poder.
Beatriz Gómez Consuegra, quien ocupa un alto cargo en la Superintendencia Nacional de Salud, ha sido acusada de sobrepasar sus competencias al presionar a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia para firmar un contrato de 55.000 millones de pesos destinado a la compra de un buque hospital. Según informaciones reveladas por el periodista Daniel Coronell, la funcionaria habría amenazado a los empleados con renuncias si no cumplían con su exigencia de firmar el contrato de manera inmediata, a pesar de las preocupaciones sobre su viabilidad legal y financiera.
El escándalo se intensificó tras la destitución de Lina Baracaldo, la agente interventora del hospital, quien se opuso a la firma del convenio debido a la falta de garantías presupuestales. A pesar de la oposición interna y de las advertencias sobre los riesgos del proyecto, Gómez Consuegra habría mantenido una postura autoritaria, lo que ha suscitado un debate sobre el nepotismo y el abuso de poder en el gobierno.
Mientras el ministro Jaramillo defendió la trayectoria profesional de su esposa, argumentando que los ataques en su contra son de carácter «machista», la polémica continúa afectando la implementación del proyecto de salud en una región que ha padecido históricamente el abandono estatal. La falta de apoyo por parte de la Gobernación del Amazonas y las denuncias de comunidades indígenas acerca de la falta de consulta previa han añadido más complejidad a la situación.
El Ministerio de Salud, por su parte, ha expresado su preocupación por las «demoras injustificadas» en el avance del proyecto, sin abordar directamente las acusaciones contra Gómez Consuegra. La situación plantea preguntas críticas sobre la integridad en la gestión pública y la influencia del nepotismo en la toma de decisiones gubernamentales.
