Según el ente de control, entre 2021 y 2022 el organismo habría requerido a las empresas naturales de taxi el pago de la seguridad social para expedir la tarjeta de control.
La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra la exsecretaria de Tránsito, Transporte y Movilidad de Ibagué, Tolima, Olga Lucía Liévano Rodríguez, por presunta extralimitación de funciones de esa entidad.
Al parecer, entre 2021 y 2022, esta secretaría exigía a las empresas naturales prestadoras del servicio de taxi, el recibo de pago de los aportes de la seguridad social, como requisito para la expedición de la tarjeta de control, sin fundamento legal que los faculte para ello.
En desarrollo de la investigación, la Procuraduría solicitó información específica sobre el trámite que realizan este tipo de empresas de servicio público para mantener la tarjeta de control vigente o para que esta le sea expedida o autorizada periódicamente.
Así mismo, requirió información a la Superintendencia de Transporte sobre las facultades que tienen las secretarías de Tránsito, Transporte y Movilidad municipales para requerir a las empresas de servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros de vehículo tipo taxi que son personas naturales, el mencionado comprobante como requisito para la firma de la tarjeta de control.
