La Alta Corte adoptó medidas para contrarrestar el hacinamiento carcelario, ordenándose así al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que, junto a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación traslade de manera inmediata a los privados de la libertad que están en calidad de condenados en las estaciones de Policía a las cárceles del país.
En este caso, la Corte Constitucional advierte que la situación de hacinamiento en el país sigue siendo preocupante debido a las condiciones de precariedad de las personas privadas de la libertad, señalando que “los centros de detención transitoria son una tragedia humanitaria”.
Por esta razón, la Corte Constitucional ordenó el traslado inmediato de las personas que permanecen en las estaciones de Policía priorizando a las mujeres embarazadas y a los adultos mayores, además, la Corte pide que se haga un plan de intervención sobre la infraestructura y la habitabilidad de los centros de detención transitoria a nivel nacional.
“Ordenar al Inpec que, con apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, traslade de manera inmediata a todas las personas privadas de la libertad a quienes un juez les haya impuesto la medida de detención preventiva en el lugar de residencia o concedido la prisión domiciliaria, cuya ejecución está pendiente, al lugar donde debe cumplirse la medida de aseguramiento o la medida sustitutiva de la prisión intramural”, expresa la decisión.
Por último, la Corte Constitucional también le ordenó a la Policía, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia que adopten medidas para el acceso a la información para que los entes de control puedan ejercer las respectivas labores de veeduría en las cárceles del país.
