El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, ha desatado una nueva polémica en el Congreso al presentar una iniciativa que busca crear un delito denominado ‘obstrucción a la paz’, con el objetivo de sancionar y prevenir acciones que vayan en contra de los procesos de paz liderados por el Gobierno nacional y promovidos por el presidente Gustavo Petro.
El proyecto de ley propuesto por Cepeda establece que aquellos que «obstruyan, impidan o restrinjan» los procesos de paz definidos en la ley 2272 de 2022, o la implementación de acuerdos relacionados, enfrentarán penas de prisión de diez a quince años, multas millonarias de mil a diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la interdicción de derechos y funciones públicas durante el mismo período.
Las críticas no se hicieron esperar, y varios sectores argumentaron que la tipificación propuesta por Cepeda ya está contemplada en el Código de Policía. Sin embargo, el senador argumentó que existe un vacío legal y la necesidad de incluir un delito específico que penalice la obstrucción, impedimento o restricción de procesos de negociación o implementación de acuerdos de paz.
Cepeda enfatizó que la iniciativa no busca limitar el debate público sobre los temas relacionados con la paz, pero más bien persigue penalizar conductas «dolosas» que atenten contra los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. No obstante, algunos críticos señalan que el texto de la propuesta no aclara completamente cómo se garantizará la protección del derecho al debate público.
El senador presentó ejemplos para ilustrar la aplicabilidad de la propuesta, incluyendo casos de asesinatos de firmantes de paz y desvío de recursos destinados a la paz. Sin embargo, una de las disposiciones que ha generado mayor intriga y controversia es la que considera como delito las campañas que tengan «carácter evidentemente doloso» y que busquen engañar a la población en relación con la paz y sus objetivos.
Desde la oposición, se expresó un rechazo generalizado a la propuesta, considerándola una medida que podría traducirse en persecución para aquellos que no estén de acuerdo con las políticas del Gobierno. Además, se hizo hincapié en la preocupación de que la propuesta no diferencie adecuadamente entre la obstrucción a los procesos de paz y el legítimo ejercicio del derecho a expresar opiniones críticas. Algunos miembros de la oposición también recordaron el continuo accionar delictivo del ELN durante las negociaciones de paz.
